sábado, 23 de enero de 2016

Venezuela 2016, el colapso de una sociedad inviable



No es verdad que la brutal crisis económica que vive el país y que condujo al presidente Maduro a solicitar ante la Asamblea Nacional la aprobación de un absolutamente innecesario decreto de Emergencia Económica se originara debido a la vertiginosa caída en los ingresos por exportación petrolera experimentado durante el año 2015. Evidentemente, en un país altamente dependiente de las importaciones, con elevados vencimientos de deuda externa durante el 2016, con un sistema productivo coyunturalmente postrado y estructuralmente dependiente de importaciones e incapaz de generar divisas y un nivel peligrosamente reducido de reservas internacionales y activos  externos, los efectos negativos de la reducción de ingresos por exportaciones, se ven acrecentados en virtud de una política económica desquiciada y más grave aún, por la aparente incapacidad de la clase política dirigente de entender el agotamiento de un modelo de gobierno basado fundamentalmente, en el reparto de la renta petrolera, y no en el desarrollo de las potencialidades económicas del país, y en el desarrollo humano de sus ciudadanos.

Pero toda crisis es una oportunidad y la actual crisis no es la excepción. Podría decirse de hecho, que es la mejor oportunidad que ha tenido el país para desacoplarse de los vaivenes del ingreso petrolero y avanzar en el previsiblemente doloroso proceso de abandonar nuestra absoluta y muchas veces inadvertida dependencia de la renta petrolera.

La venezolana es, en este momento, una sociedad inviable. El elemento sobre el cual se ha desarrollado el proceso económico y social venezolano –la renta petrolera- este año muestra un agotamiento excepcionalmente notable –en lo que va de año el precio del barril de petróleo ronda los 23$- y aun cuando pudiera recuperarse ligeramente en el segundo semestre, la realidad es que, ni en 2016 ni en los años por venir el ingreso petrolero permitirá sostener el modelo de sociedad que hemos sido. A despertarse.

Y es que la adicción a los subsidios corre por nuestro ADN social. Todos en alguna medida hemos recibido bienes y servicios sin pagarlos a su real costo – incluso sin saberlo – todo con cargo a la renta petrolera. Lo “público” y lo “gratuito” se han internalizado de tal modo en nuestros códigos morales, que el despertar será duro, muy duro. Desde educación y salud, hasta viajes al exterior, pasando por alimentos, medicinas, gasolina, viviendas, servicios básicos y no tan básicos tendrían en ausencia del subsidio petrolero, un costo muchísimo más elevado que el que hoy percibimos los ciudadanos. Pregúntele a cualquier colombiano, chileno o argentino.

Y el sector productivo no se queda atrás. Mientras que el ciudadano es subsidiado en la compra de un pollo importado de Brasil a tipo de cambio artificialmente bajo, el “empresario” criollo ha recibido explícita o implícitamente beneficios como exención o rebaja de impuestos, condonación de deudas y un relativamente regular flujo de divisas para su acumulación en el exterior. El sector privado criollo ha sido históricamente incapaz de generar divisas pero ejercen una presión descomunal para sembrar en la sociedad, la idea del “derecho” o la inevitable necesidad de acceder a divisas como condición insoslayable para poder seguir trabajando. La siempre presente amenaza de los despidos logra por lo general su propósito y no es por cierto, un mal exclusivo de Venezuela, aunque los episodios en esta tierra de gracia alcanzan características absurdas, como el hecho de que se paralicen las líneas de producción de compotas, porque las tapas del frasco son importadas. Aun así, en este momento, hay ejércitos de economistas, políticos y funcionarios de todo tipo –incluyendo muchos de los que componen el recién creado Consejo de Economía Productiva- devanándose los sesos por idear la manera de encontrar los 20-25 millardos de dólares que necesita el país este año para cubrir sus necesidades, dejando intacto eso sí, la estructura renta – dependiente de la sociedad venezolana. Borrachos peleando por la botella vacía.

Debe entenderse que, si no se cambia la estructura de subsidios –los explícitos y los no tan obvios- que hoy abarcan casi cualquier área del proceso económico venezolano, no habrá préstamo chino, del FMI, o rebote del precio del petróleo que pueda financiar el modo de vida de la sociedad criolla que cuenta con los dudosos honores de contarse entre los principales consumidores mundiales de bienes que no se producen dentro de sus fronteras –pasta, pan de trigo, o whisky escocés, por ejemplo.
Y no se trata sólo de aumentar ó reducir. No se trata sólo de magnitudes sino de estructura. Los ciudadanos debemos ser capaces de pagar –y nuestros ingresos deben permitirlo- el valor real de los bienes y servicios que recibimos aun cuando esto es perfectamente compatible con la existencia de subsidios explícitos, condicionados y focalizados para que nadie se quede atrás. El uso de la renta petrolera debe utilizarse con criterio de sustentabilidad intergeneracional, para la cobertura de las necesidades más básicas de la sociedad y para el desarrollo de capital físico y capital humano. Inversión en el futuro.

Restablecer los mecanismos de ahorro cuando se incrementen los ingresos petroleros por encima de un nivel determinado de precios, implantar las obligaciones contributivas de los ciudadanos para la sostenibilidad de la inversión social y el sistema de pensiones, el desmontaje progresivo de la estructura de subsidios regresivos que propician el derroche de recursos, y la implantación de un sistema cambiario flexible que diferencie entre sectores potencialmente generadores de divisas y aquellos demandantes netos de dólares producto de la renta petrolera, son apenas los primeros pasos para el desmontaje de la sociedad rentista que permitirá el surgimiento de una economía realmente productiva. Sólo sobrevivirán las empresas e instituciones más aptas, aquellas cuyo valor creado les permita autosustentarse.  Es un proceso doloroso pero indispensable y puede comenzar ya. Growing pains.

@jhernandezucv
Discusionpolticavzla.blogspot.com










sábado, 16 de enero de 2016

Un decreto de emergencia económica con objetivos políticos






Cuando el presidente Maduro realizó hace pocos días la designación de un nuevo gabinete económico, debo confesar que, al contrario de la mayoría de mis colegas, asumí las nominaciones con un tímido optimismo respecto a la posibilidad de que la dura realidad de la economía estuviese produciendo en el gobierno nacional una genuina voluntad de rectificación. Sacar a Carlos Osorio y José David Cabello del gabinete económico me pareció excelente y designar a Rodolfo Medina en Finanzas mejor aún. Claro, no había leído hasta entonces “el pensamiento económico” de Luis Salas. Alegría de Tísico.

Entre otras cosas, el presidente Maduro decía a su gabinete económico, en medio del exhorto al trabajo y la obtención de resultados, palabras más o palabras menos “por plata no se preocupen, que aquí lo que hay es dinero”, un par de semanas después tenemos…

Una emergencia Económica

El 15/01/2016 se hizo oficial la anunciada intención del ejecutivo nacional, de someter a  consideración de la Asamblea Nacional y la opinión pública una propuesta de decreto de emergencia económica que permita atender eficazmente la situación “excepcional, extraordinaria y coyuntural” por la que atraviesa la economía nacional y garantice a la población disfrutar de los servicios básicos.
El mismo día “casualmente” el Banco Central de Venezuela publicó un informe de muy pobre nivel técnico donde finalmente se le comunica al país, algunas cifras sobre indicadores relevantes de la economía nacional al cierre del tercer trimestre de 2015, que confirma lo que ya era de claro para la población: el 2015 fue un año terrible en el aspecto económico, alcanzando registros record de inflación (141,5% anualizada), disminución del producto interno bruto (-7.1%) y caída en los ingresos por exportación petrolera (-52%). Es este el contexto de la emergencia económica.

Nótese que las cifras publicadas por el BCV corresponden al cierre del tercer trimestre del 2015, es decir que el alto gobierno debía conocerlas mucho antes que la opinión pública. Considérese adicionalmente que el presidente Maduro tuvo a su disposición hasta hace sólo 15 días, una ley habilitante que le permitía tomar todo tipo de decisiones y sin embargo, se optó por modificaciones menores a la ley de ISLR y e ITF –intentos desesperados de raspar la olla de la recaudación fiscal- además del adefesio de una nueva reforma a la Ley del BCV que claramente aspira a mantener el control sobre el ente emisor.

Es decir, la emergencia económica que durante tantos meses fue advertida por diferentes sectores de la vida nacional, incluyendo sectores del chavismo y que fue olímpicamente ignorada por las autoridades, milagrosamente ha aparecido como tema en la agenda del gobierno nacional. Hasta allí, estaría bien la cosa sino fuera por…

Los aspectos contemplados en el decreto de emergencia

Una revisión del articulado del decreto, permite identificar algunos grandes aspectos en los cuales se puede agrupar los objetivos de política que el ejecutivo nacional aspira a lograr con la aprobación del referido decreto:

En cuanto al artículo 2 del referido decreto

1.- Los literales 1 y 2 se refieren al tema presupuestario, con lo cual el gobierno aspira poder manejar las finanzas públicas exactamente de la misma manera en que ha venido haciéndolo durante tantos años y que son justamente parte de las causas que nos trajeron hasta aqui: con un presupuesto mal formulado, financiado con créditos adicionales, con mucha opacidad y sin rendición de cuentas. ¿Usar las economías (excedentes) del presupuesto de 2015? Esto es básicamente un asunto administrativo, ya que la realidad es que el déficit fiscal, ronda el 20% de PIB y el estado ha apelado a la monetización del déficit para poder cubrir sus compromisos.

2.- Los literales de 4 al 7 se refieren a la posibilidad de reducir lo que podríamos llamar “las fricciones burocráticas” que el mismo estado ha creado en su afán controlador y que en reiteradas oportunidades los gremios profesionales y empresariales han solicitado sean simplificadas con la finalidad de imprimir dinamismo y reducir costos en las transacciones relacionadas con el comercio exterior y que hacen de Venezuela uno de los países menos competitivos del mundo en materia portuaria y aduanera. Es decir, el gobierno solicita permiso para saltar todos esos obstáculos –reconoce que existen-. ¿No sería mejor eliminarlos del todo? Es bueno hacer notar que en varias ocasiones el presidente Maduro se ha referido a este punto y el SENIAT junto a BOLIPUERTOS han realizado esporádicos operativos para agilizar los procesos, regresando luego a la dinámica usual de la matraca, las coimas y las flechas como proceso regular en las importaciones y exportaciones del país.

En cuanto al literal 4 que se refiere en particular a “agilizar” las compras estatales obviando los trámites de contrataciones públicas hay poco que decir. Los decretos de emergencia son el sueño cumplido de los corruptos, comisionistas e intermediarios de toda clase de modo que es casi seguro que tengamos los mismos resultados que con la emergencia alimentaria, la emergencia en infraestructura vial, la emergencia eléctrica y otras tantas emergencias cuyos efectos más notables son el crecimiento de activos financieros en Andorra y otros paraísos fiscales.

3.- El literal 8 se refiere a la posibilidad de “requerir” a las empresas públicas y privadas que incrementen su producción. Es decir, se asume que las empresas no producen más por una decisión consciente, deliberada, y no por las limitaciones de recursos –y de capacidad gerencial como es el caso de la mayoría de las empresas estatales- por lo que, el decreto en modo alguno podría constituirse en un estímulo a la producción (como si podría serlo una política sensata de precios internos, para lo cual no se necesita ningún decreto especial). Los recursos de ocupar empresas y activos del sector privado en este momento ya son recursos previamente utilizados con escasos ó nulos resultados. Esperan obtener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. De locos.

4.- Finalmente, el artículo 4 en la manera como está redactado ha generado temores sobre la posible implantación de un “corralito” financiero lo cual descarto completamente ya que no hay activos alternativos hacia los cuales migrar legalmente los recursos que se encuentran en la banca. Lo que preocupa de este artículo es que parece confirmar la rumorada aplicación de estrategias antiinflacionarias no convencionales como la reducción real del efectivo en manos del público como una manera de limitar el volumen de transacciones, la fuga de billetes y el incremento de precios. Esta estrategia, de existir, no produce sino molestias a los ciudadanos y no tiene ninguna influencia en la escalada de precios, como lo ratifican las cifras oficiales publicadas por el BCV.

En resumen, la promulgación del decreto de emergencia parece ser una herramienta más política que económica, orientada en primer lugar, a restaurar la capacidad del ejecutivo de continuar manejando la economía nacional del mismo modo en que venía haciéndolo antes de que cambiara la correlación de fuerzas en la asamblea nacional y que es justamente, parte de las causas de la grave crisis que vive el país. Por otra parte, el ejecutivo nacional busca introducir la tesis de una “responsabilidad compartida” entre el poder ejecutivo y el legislativo en el proceso de ajuste económico que desde hace tiempo viene demandando la economía nacional. En tal sentido, un rechazo de la bancada opositora en la asamblea nacional a la aprobación del decreto, sería utilizado por el ejecutivo para culpar a la asamblea de “negar” las herramientas para la superación de la crisis. Parece una apuesta política de muy, muy corto plazo cuyo resultado neto se desconoce pero que no cambia en absoluto las terribles perspectivas económicas para 2016.

@jhernandezucv

Discusiónpoliticavzla.blogspot.com