Importaciones privadas con divisas propias

En el primer semestre del año la situación económica del país ha atestiguado un notable empeoramiento de todos los indicadores, especialmente los indicadores sociales. La estrepitosa caída del consumo de los hogares incluso en rubros básicos como alimentos, y la virtual paralización en la producción nacional, conducen a la economía venezolana en 2016, a un decrecimiento récord del PIB que difícilmente será menor al 10% y una tasa de inflación de tres dígitos. Ningún país del planeta en toda la historia ha registrado un desempeño económico tan malo en tiempos de paz y sin catástrofes naturales que lo expliquen.

La política económica del gobierno en respuesta ante la grave situación, continúa siendo errática, incompleta, parcial, intermitente, contradictoria y altamente inefectiva. Por una parte, se intentan aproximaciones tímidas hacia el sector privado y mecanismos de mercado como la cotización del DICOM o la actualización abrupta de precios con considerables rezagos, pero por otra parte sectores del gobierno se rehúsan a perder el control sobre variables económicas de importancia y los corruptos negocios asociados. Muestra de ello es el muy ineficiente intento de controlar la distribución de alimentos por medio de los CLAPs o la ocupación de la planta de Kimberly Clark, una fórmula experimentada muchas veces en años recientes con estruendosos fracasos.

La realidad es que la situación de escasez de alimentos y de otros rubros responde fundamentalmente a tres razones:

Caída de las importaciones

Durante el período de vigencia del control de cambio, con ingresos de divisas crecientes por exportación petrolera y en un contexto de guerra entre el sector privado y el estado, se reforzó la dependencia del país respecto a las importaciones. El estado asumió como política antiinflacionaria el anclaje cambiario lo que aniquiló la competitividad relativa de la producción local en favor de las importaciones que, también estaban controladas directa o indirectamente por el gobierno nacional, bien como administrador de las autorizaciones de divisas o bien como importador directo de bienes.

De acuerdo con las cifras de Balanza de Pagos publicadas por el Banco Central de Venezuela, en el lapso 2003-2014 se registraron ingresos por exportación por USD 830.159 e importaciones de bienes y un saldo en servicios que totaliza USD 591.334 en el mismo período. En ese lapso las importaciones pasaron de 27.230 millones de dólares (2003) a más de 60.000 millones de dólares (2014) lo que equivale a un crecimiento de 376%. Una expresión innegable del rentismo sobre el cual se pretende justificar el innegable fracaso de la política económica del Chavismo.

Ante la caída del ingreso petrolero y con la parálisis de la producción interna y una exacerbada dependencia de las importaciones, es natural que se registren importantes interrupciones en los proceso de producción de la industria local y una marcada ausencia de bienes importados. 

Política de precios internos

En aras de lograr una redistribución del ingreso y para acometer una política social mal diseñada, el gobierno nacional ha implantado una política –a todas luces fallida- de congelación y regulación de precios en el tiempo que trajo como consecuencia el rezago incluso durante años, del precio de venta de diferentes rubros hasta anular toda rentabilidad posible en su producción por parte del sector privado, disminuyendo su disponibilidad e incentivando el contrabando de extracción. Aun cuando el gobierno durante el primer semestre de 2016 realizó ajustes salvajes de 300%, 500% ó 900% en diferentes rubros, el daño ocasionado en las cadenas de valor demorará en ser superado, máxime cuando continúa la misma política de esperar a que el gobierno autorice las modificaciones en los precios, incluso contraviniendo lo establecido en la Ley de precios justos en cuanto al límite de utilidad permitido.

Expropiaciones

En esta materia el daño ha sido considerable. Las expropiaciones de fincas, hatos y plantas anteriormente productivas, retiró del mercado buena parte de la oferta en bienes en rubros simbólicos como las cabillas y el cemento. Por otra parte, el fracaso de Agropatria que sucedió a la expropiación de Agroisleña y una serie de políticas erradas en la producción e importación de alimentos, explica buena parte de la escasez de esos rubros.

Semestre 2016-II

En el segundo semestre del año el panorama no luce mejor. Las reservas internacionales del país se han reducido 28% durante el primer semestre y el margen de maniobra para disponer de activos externos se ha reducido considerablemente a raíz de algunas operaciones realizadas por el gobierno durante 2015. El precio del petróleo permanece estable y luce improbable que su cotización promedio alcance los 45USD por barril durante el año, a lo que se le suman los problemas reportados para que PDVSA mantenga o incremente su producción, comprometiendo aún más el ingreso petrolero.

El panorama es claro: es imprescindible incrementar las importaciones y la eficiencia con que se manejan las mermadas disponibilidades de divisas. El estado venezolano comprometido como está con el pago de las obligaciones de deuda externa, con una notable disminución de ingresos e imposibilitado de recibir financiamiento externo, incluso de China, su aliado financiero de los últimos años, exhibe una escasa capacidad para mejorar la situación de cara al segundo semestre.

Entonces que se podría hacer?

Permitir las importaciones con dólares No Oficiales

El gobierno venezolano sigue dando muestras de aislamiento respecto al clamor de la sociedad y de las recomendaciones que en materia económica han realizado personalidades, académicos e instituciones, incluso las que le son ideológica y políticamente afines como es el caso de Unasur. Aun en este contexto, es necesario continuar proponiendo medidas para que quienes tienen en sus manos la conducción de la política económica, las consideren dentro del limitado set de herramientas disponibles dentro del marco ideológico-electorero que condiciona la acción del gobierno nacional.

El artículo 22 de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos penaliza con cárcel y sanciones económicas a quienes “… promocionen, comercialicen o determinen los precios de bienes y servicios utilizando como referencia un tipo de cambio distinto a los permitidos por la normativa cambiaria o al fijado para la operación cambiaria correspondiente por la administración cambiaria”. Esta disposición limita las posibilidades de los agentes económicos privados de utilizar sus propias divisas para sus importaciones, por cuanto reconocerlas a las tasas oficiales representaría una pérdida patrimonial anunciada, al establecer precios que no garantizan la reposición de esas divisas en el único mercado posible: el mercado desregulado, una condición que el DICOM aún no cumple.

De acuerdo con las cifras del Banco Central de Venezuela en su reporte de la Posición de Inversión Internacional de la República, al cierre del tercer trimestre de 2015 (último publicado) el sector privado residente en Venezuela mantenía una posición en activos por el orden de los 150 millardos de dólares. Una parte de este enorme caudal de activos estarían recibiendo en el exterior una rentabilidad mucho menor que la que recibirían en Venezuela si se aplican a una actividad comercial menos restringida que la que ofrecen las condiciones actuales, donde cualquier funcionario, incluso de bajo nivel jerárquico puede ganar puntos con sus superiores, interviniendo, cerrando y multando comercios y decomisando mercancía. A partir de estos recursos, existe un considerable potencial para incrementar el flujo de importaciones del sector privado en el segundo semestre si se manejan los incentivos correctos.

Los agentes económicos venezolanos se posicionan en divisas, no por el rendimiento financiero que estas ofrecen que es más bien bajo, sino por la protección que brinda ante el exacerbado riesgo cambiario que exhibe la economía nacional. Si se facilitan las condiciones –especialmente la libertad de precios- para que la rentabilidad del comercio supere las expectativas de devaluación es perfectamente posible que buena parte del sector comercial logre abastecer sus establecimientos con sus propios dólares en los próximos meses. Esto puede ser muy conveniente y de bajo impacto distributivo para rubros no estratégicos como la electrónica de consumo, tecnología, vestido, automóviles, juguetes, calzado, bebidas alcohólicas y servicios turísticos.

Si en dos semanas, 150 mil venezolanos estuvieron dispuestos a cruzar hacia Colombia para comprar bienes de aquel lado de la frontera pagando precios mayores que los precios oficiales y esto representa un beneficio para sus presupuestos respecto a su situación actual, es sencillo imaginar que más libertad de comercio puede causar de inmediato un mayor nivel de bienestar y una expansión aunque sea modesta, del nivel de actividad económica, incluso en las terribles circunstancias que vive el país. La despenalización de las importaciones con tipo de cambio no oficial, es una medida que se inserta en una estrategia progresiva de flexibilización, de sinceración de la realidad económica y permite al estado enfocarse en lo que es realmente importante en este momento: alimentos y medicinas.

@jhernandezucv

Informe del sector bancario de Venezuela Mayo 2016

Con base a las cifras de Sudeban en su boletín mensual correspondiente a mayo de 2016, le presentamos un informe descriptivo de la situación del sector bancario venezolano.

El sector está compuesto de 32 instituciones, de las cuales 8 (25%) son de propiedad y administración estatal. Hay 23 instituciones de banca universal, 4 de ellas estatales. La participación del estado se complementa con un Instituto Municipal de Crédito Popular, un banco de desarrollo y dos bancos con leyes especiales.

El sector emplea a 75.101 personas, y dispone de una estructura de servicio de 3.552 agencias, y 10.870 cajeros automáticos. La red de pagos electrónicos comprende 353.225 puntos de venta.

El sector exhibe una notable asimetría en la participación de mercado de las instituciones. En materia de activos, las principales cinco instituciones concentran el 66,89% del total. En cuanto a la cartera de créditos, el 67,02% está concentrado en las principales 5 instituciones, mientras que en captaciones, las mismas instituciones capturan el 67% del mercado.

El Banco de Venezuela, de propiedad estatal concentra el 20,99% de los activos del sector, el 21,33% de la cartera de créditos y el 20,16% de las captaciones.

Cartera de créditos

En promedio, el 20,2% de la cartera de crédito está dirigida al consumo, siendo el principal componente, el financiamiento con tarjetas de crédito, que representa hasta el 26% del total en una institución. Los créditos dirigidos al sector productivo, que comprende la cartera de manufactura, agrícola y al sector turismo cada una con tasas preferenciales y una obligación de cumplimiento específica, representan el 26% del total de la cartera de crédito. Los créditos para la compra de vehículos y para operaciones hipotecarias representan el 1% y el 4% del total respectivamente.

En el lapso enero – mayo, la cartera de crédito bruta creció 32,4% lo que representa una caída de alrededor de 90% en términos reales de acuerdo con estimaciones extraoficiales que sitúan la inflación en 125% como mínimo en el mismo lapso[1] (en Venezuela, el Banco Central no publica las cifras oficiales de inflación desde el año 2015, en contravención a las obligaciones legales y constitucionales de la institución)

La morosidad del sistema se mantiene bajo control a niveles de 0,30% con una ligera tendencia a aumentar, mientras que las provisiones superan en promedio un índice de 2.8 respecto a la cartera total aunque con las condiciones de una profunda recesión económica, paralización de la inversión, la disminución en la venta de vehículos y el astronómico incremento en el precio de las viviendas, luce materialmente imposible esperar un crecimiento real en el volumen del crédito, además de que se conjuga una amenaza importante sobre la calidad de la cartera de crédito.

Gestión Administrativa

En materia de gestión administrativa, la situación económica del país comienza a deteriorar los indicadores, ante unos gastos operativos crecientes y unos ingresos y una rentabilidad estancada o decreciente. Se observan instituciones, especialmente instituciones del sector oficial con magnitudes muy superiores a la media del sector en indicadores como gastos de personal y gastos operativos con respecto a las captaciones promedio y respecto a los ingresos financieros.   

Rentabilidad

En general el sector presenta saludables rentabilidades promedio nominales en bolívares. El margen financiero bruto promedio es de 11.04% aun cuando hay instituciones con márgenes considerablemente menores. Consideradas respecto al patrimonio, el resultado neto promedio es de 51,42% aunque en algunos casos es de un dígito y hasta negativas. La rentabilidad en términos reales y cuando es expresada en dólares sin embargo, ha sufrido considerablemente en los últimos tres años.

Liquidez

En materia de liquidez, el sistema presenta una buena cobertura de sus pasivos de corto plazo

Resumen y recomendaciones

El sector bancario es un sector estratégico, vinculado transversalmente con todos los sectores económicos. En una coyuntura de profunda recesión y desequilibrios económicos en general, los organismos reguladores deben prestar especial atención a la solidez patrimonial y a los indicadores de rentabilidad y liquidez de las instituciones.

A pesar de la consolidación que se ha observado en los pasados 20 años en el sistema, la contracción de la economía y la profundización de la concentración del sector, sumado a la participación directa del estado, ha abierto un nuevo espacio para nuevas consolidaciones, necesarias tanto en el sector privado como en las instituciones estatales.

Aun cuando los indicadores de rentabilidad sectorial son positivos cuando se expresan en bolívares corrientes, la realidad es que el atractivo de inversión en el sector se ha reducido considerablemente y cuando se expresa en dólares, la reducción patrimonial de las instituciones ha sido considerable. Lo mismo ha ocurrido con el sector seguros y el de los operadores del mercado de valores.

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[1] Estimaciones propias

Cúcuta, la consentida y la infalibilidad de la Ley de Oferta y demanda

No se puede negar que las acertadas políticas del gobierno del presidente Chávez, continuadas al pie de la letra por su hijo, han contribuido como nadie al desarrollo de la ciudad. Ningún presidente colombiano, o mejor dicho, que haya gobernado Colombia, ha hecho tanto por Cúcuta, la floreciente capital del departamento de Norte de Santander. Por Colombia toda, me atrevería a decir.

En primer lugar, Colombia y Cúcuta como consecuencia fueron favorecidas por el cambio de patrón de intercambio comercial entre Venezuela y Colombia. En efecto, desde el año 1.999, la balanza comercial ha favorecido a Colombia, posibilitando la colocación por parte de empresas ubicadas en Colombia, de una producción diversificada de sectores representativos de su economía, como el sector textil, alimentos procesados, sector ganadero, automóviles entre otros.

Colombia ha sido el refugio de las empresas que han abandonado la producción en Venezuela para convertir sus filiales nacionales en importadores de la relativamente competitiva producción colombiana. En tal sentido, Colombia ha sido receptora de inversión de empresas multinacionales que relocalizaron allá sus plantas, y de empresas Venezolanas que exploraron el mercado del vecino país como una manera de reducir su exposición a los vaivenes de la economía criolla, sin perder la posibilidad de aprovechar el atractivo mercado local, especialmente cuando la borrachera de petrodólares permitía abandonar el país sin abandonar sus beneficios.

Luego, Cúcuta se convirtió en uno de los paraísos del enorme negocio de raspar cupos, y el cobro de considerables comisiones en dólares se convirtió en un importante flujo de recursos sin contrapartida para la economía cucuteña, impulsando la construcción inmobiliaria y el crecimiento de las actividades no transables por el enorme y súbito influjo de dólares en esa economía.

Posteriormente, la imposibilidad de los venezolanos de encontrar boletos aéreos al exterior, convirtió a Cúcuta en un hub aeroportuario que conectaba a los viajeros Venezolanos con el resto del mundo. Recordemos que hablamos de los tiempos en los que todavía el cupo viajero hizo de Venezuela una potencia exportadora de turistas que por algún lado necesitaba salir del país. Y allí estaba Cúcuta para darle a los Venezolanos, a cambio de una módica comisión, lo que estos no hallaban en su propio país.

Cúcuta también se benefició de una política suicida de congelación de precios que  impulsaba el contrabando de mercancía subsidiada desde Venezuela, para abastecer las poblaciones del lado colombiano a lo largo de la frontera. Al igual que con la gasolina y las medicinas, no es despreciable el efecto que esa oferta agregada barata puede haber generado en el bienestar de esa ciudad y en el sostenimiento de precios más accesibles que los que existirían en ausencia de ese flujo comercial ilegal. La única ley que vale en este contexto, es la Ley de Oferta y Demanda.

Y ahora, cuando el flujo de dólares se secó en Venezuela, cuando ya no existen dólares subsidiados buscando salida, cuando los precios de un producto cualquiera es más barato en Londres que en Venezuela, otra oportunidad se presenta para Cúcuta: convertirse una vez más en un centro comercial a donde los ciudadanos venezolanos pueden ir a comprar los bienes que no consiguen de este lado de la frontera. En este contexto, abrir la frontera es una medida humanitaria para Venezuela, donde el contrabando de introducción terminará ayudando a la estabilización de los precios. Más exportaciones Colombianas, incluyendo las ilegales. Más bienestar de aquel lado.

Hay que darle el mérito a quien lo merece y no está en el Palacio de Nariño sino en el de Miraflores.

@jhernandezucv

Sobre la fuga de talentos y la educación universitaria gratuita

Imagen tomada de https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2014/03/hollywood-mexico-y-la-fuga-de-cerebros/

Es posible que ya hayan leído un artículo de aporrea donde se exhorta al estado a restringir e impedir la migración al exterior de venezolanos con formación universitaria. Si no lo ha leído, puede hacerlo aqui pero queda advertido: puede ser nocivo para su úlcera.

Tenía tiempo que no leía argumentos tan desquiciados. Es realmente preocupante que haya tanta gente en nuestro país, atrincherada en una posición de ataque a todo lo que pueda parecer contrario o alternativo a la propaganda pseudo nacionalista manejada por el chavismo y divulgada a través de un aparato de propaganda con un nada despreciable poder comunicacional. 

Y este asqueroso artículo expresa claramente esa realidad. En él se plantea como una deslealtad el hecho que miles de jóvenes que están hoy en nuestras universidades públicas y privadas e incluso en liceos y escuelas primarias, estén pensando en irse del país, esperando encontrar un futuro mejor en otros lugares. 

Quizá es una idea descabellada y sin fundamento, pero mucha de nuestra gente sospecha que hay países en el mundo donde comprar un paquete de pañales desechables no amerita un proceso de investigación y rastreo casi policial o donde todavía la gente puede ponerle azúcar al café. Muchos de nuestros jóvenes se ilusionan con la idea de que su título universitario les permitirá encontrar un empleo cuyo salario les permita comer, vestirse y ¿por qué no? hasta salir de noche con una probabilidad aunque sea pequeña, de no ser asaltado, violado, secuestrado o asesinado.

Pero nada de eso importa a la lumbrera que escribió ese artículo. Para él, quienes aspiran a irse son unos desleales, a quienes hay que hacerles la vida difícil. Sobre los responsables de que un país con tantos recursos se encuentren en semejante estado de miseria, el escribidor no dice nada, pero no es necesario que lo diga: el niño, la iguana, la CIA, el imperio, el capitalismo, la asamblea adecoburguesa son los malos. El gobierno de Chávez y Maduro son –obviamente- los buenos.

Pero como a todo lo malo se le puede sacar algo bueno, como una respuesta al despropósito planteado en el artículo, es conveniente plantear el debate sobre el modelo de universidad que queremos, que necesitamos y que podemos tener. Y no es un debate que se circunscribe sólo a la educación universitaria. Se trata de poner sobre la agenda los conceptos de gratuidad y los subsidios que los venezolanos recibimos y que nos convertirían de acuerdo a la lógica perversa de este escribidor de aporrea, en rehenes de nuestro propio país, limitando nuestra posibilidades de elegir dónde y cómo vivir con el instrumental que hemos adquirido gracias parcialmente, a la renta petrolera.

Porque es cierto que no es justo desde el punto de vista social, que la sociedad invierta considerables montos en la formación de nuestros profesionales para que luego estos se vayan al primer mundo seducidos por la idea de una prosperidad material muy superior a la que se puede disfrutar en un país de la periferia, no importa su nombre. Pero es también una grandísima injusticia que, en nombre de los beneficios que tu país te entregó, debas "pagar tu condena" en él, sin la posibilidad de salir y sujeto a los dislates que la inepta y corrupta camarilla gobernante tienen sobre tu calidad de vida. Por cierto que este no es un problema exclusivo de Venezuela. Lo sufre cada país subdesarrollado, como el caso de los médicos de África y Medio Oriente y hasta España, con la exportación de talento hacia Alemania y Reino Unido-

Porque el drama es que nuestros jóvenes quieran irse, no importa si estudian en el Champagnat o en un Fe y Alegría, en la bolivariana o en la Metropolitana. De hecho, hacer la distinción entre unos y otros es completamente contrario al principio de igualdad que se pregona en ciertos sectores del chavismo que apoyan la idea de esta “prohibición de salida del país” del talento.

¿Y entonces que hacemos?

En Venezuela tenemos un severo problema con nuestras prioridades en materia educativa. Por muchos años se ha dicho que nuestra pirámide presupuestaria está invertida, y que dedicamos un presupuesto mucho mayor a la educación universitaria que a la educación primaria, donde deberían desarrollarse los mayores esfuerzos para que nuestros niños desarrollen las competencias en lenguaje y matemáticas, que son justamente las bases donde reposará su capacidad de aprehender nuevos conocimientos, de construir conocimiento a partir de la realidad, y contribuir a transformarla con ese conocimiento, en un proceso iterativo permanente.

La educación universitaria es una opción, no necesariamente es un derecho y mucho menos lo es su gratuidad. Una política social orientada a la movilidad social y que promueva las oportunidades de superación individual, debe considerar seriamente la impopular medida de eliminar la gratuidad absoluta de la educación universitaria y sustituirla por un sistema de créditos reembolsables, en dinero o en trabajo, que estimule a los estudiantes a valorar en términos concretos –tiempo y dinero- el privilegio que representa recibir educación superior, mientras que incentiva a las universidades a desarrollar una mayor competitividad y una administración mucho más transparente de los recursos, superando la parálisis que actualmente las caracteriza, siempre a la espera de que el estado envíe los recursos para sobrevivir. En tal sentido, retomar el concepto original de la LOCTI es una medida complementaria necesaria para iniciar un verdadero proceso de transformación de nuestras universidades.

El tema es muy extenso y polémico, pero es el tipo asuntos que deben discutirse si de verdad queremos construir un país diferente.

@jhernandezucv