Un decreto de emergencia económica con objetivos políticos

Cuando el presidente Maduro realizó hace pocos días la designación de un nuevo gabinete económico, debo confesar que, al contrario de la mayoría de mis colegas, asumí las nominaciones con un tímido optimismo respecto a la posibilidad de que la dura realidad de la economía estuviese produciendo en el gobierno nacional una genuina voluntad de rectificación. Sacar a Carlos Osorio y José David Cabello del gabinete económico me pareció excelente y designar a Rodolfo Medina en Finanzas mejor aún. Claro, no había leído hasta entonces “el pensamiento económico” de Luis Salas. Alegría de Tísico.

Entre otras cosas, el presidente Maduro decía a su gabinete económico, en medio del exhorto al trabajo y la obtención de resultados, palabras más o palabras menos “por plata no se preocupen, que aquí lo que hay es dinero”, un par de semanas después tenemos…

Una emergencia Económica

El 15/01/2016 se hizo oficial la anunciada intención del ejecutivo nacional, de someter a  consideración de la Asamblea Nacional y la opinión pública una propuesta de decreto de emergencia económica que permita atender eficazmente la situación “excepcional, extraordinaria y coyuntural” por la que atraviesa la economía nacional y garantice a la población disfrutar de los servicios básicos.

El mismo día “casualmente” el Banco Central de Venezuela publicó un informe de muy pobre nivel técnico donde finalmente se le comunica al país, algunas cifras sobre indicadores relevantes de la economía nacional al cierre del tercer trimestre de 2015, que confirma lo que ya era de claro para la población: el 2015 fue un año terrible en el aspecto económico, alcanzando registros record de inflación (141,5% anualizada), disminución del producto interno bruto (-7.1%) y caída en los ingresos por exportación petrolera (-52%). Es este el contexto de la emergencia económica.

Nótese que las cifras publicadas por el BCV corresponden al cierre del tercer trimestre del 2015, es decir que el alto gobierno debía conocerlas mucho antes que la opinión pública. Considérese adicionalmente que el presidente Maduro tuvo a su disposición hasta hace sólo 15 días, una ley habilitante que le permitía tomar todo tipo de decisiones y sin embargo, se optó por modificaciones menores a la ley de ISLR y e ITF –intentos desesperados de raspar la olla de la recaudación fiscal- además del adefesio de una nueva reforma a la Ley del BCV que claramente aspira a mantener el control sobre el ente emisor.

Es decir, la emergencia económica que durante tantos meses fue advertida por diferentes sectores de la vida nacional, incluyendo sectores del chavismo y que fue olímpicamente ignorada por las autoridades, milagrosamente ha aparecido como tema en la agenda del gobierno nacional. Hasta allí, estaría bien la cosa sino fuera por…

Los aspectos contemplados en el decreto de emergencia

Una revisión del articulado del decreto, permite identificar algunos grandes aspectos en los cuales se puede agrupar los objetivos de política que el ejecutivo nacional aspira a lograr con la aprobación del referido decreto:

En cuanto al artículo 2 del referido decreto

1.- Los literales 1 y 2 se refieren al tema presupuestario, con lo cual el gobierno aspira poder manejar las finanzas públicas exactamente de la misma manera en que ha venido haciéndolo durante tantos años y que son justamente parte de las causas que nos trajeron hasta aqui: con un presupuesto mal formulado, financiado con créditos adicionales, con mucha opacidad y sin rendición de cuentas. ¿Usar las economías (excedentes) del presupuesto de 2015? Esto es básicamente un asunto administrativo, ya que la realidad es que el déficit fiscal, ronda el 20% de PIB y el estado ha apelado a la monetización del déficit para poder cubrir sus compromisos.

2.- Los literales de 4 al 7 se refieren a la posibilidad de reducir lo que podríamos llamar “las fricciones burocráticas” que el mismo estado ha creado en su afán controlador y que en reiteradas oportunidades los gremios profesionales y empresariales han solicitado sean simplificadas con la finalidad de imprimir dinamismo y reducir costos en las transacciones relacionadas con el comercio exterior y que hacen de Venezuela uno de los países menos competitivos del mundo en materia portuaria y aduanera. Es decir, el gobierno solicita permiso para saltar todos esos obstáculos –reconoce que existen-. ¿No sería mejor eliminarlos del todo? Es bueno hacer notar que en varias ocasiones el presidente Maduro se ha referido a este punto y el SENIAT junto a BOLIPUERTOS han realizado esporádicos operativos para agilizar los procesos, regresando luego a la dinámica usual de la matraca, las coimas y las flechas como proceso regular en las importaciones y exportaciones del país.

En cuanto al literal 4 que se refiere en particular a “agilizar” las compras estatales obviando los trámites de contrataciones públicas hay poco que decir. Los decretos de emergencia son el sueño cumplido de los corruptos, comisionistas e intermediarios de toda clase de modo que es casi seguro que tengamos los mismos resultados que con la emergencia alimentaria, la emergencia en infraestructura vial, la emergencia eléctrica y otras tantas emergencias cuyos efectos más notables son el crecimiento de activos financieros en Andorra y otros paraísos fiscales.

3.- El literal 8 se refiere a la posibilidad de “requerir” a las empresas públicas y privadas que incrementen su producción. Es decir, se asume que las empresas no producen más por una decisión consciente, deliberada, y no por las limitaciones de recursos –y de capacidad gerencial como es el caso de la mayoría de las empresas estatales- por lo que, el decreto en modo alguno podría constituirse en un estímulo a la producción (como si podría serlo una política sensata de precios internos, para lo cual no se necesita ningún decreto especial). Los recursos de ocupar empresas y activos del sector privado en este momento ya son recursos previamente utilizados con escasos ó nulos resultados. Esperan obtener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. De locos.

4.- Finalmente, el artículo 4 en la manera como está redactado ha generado temores sobre la posible implantación de un “corralito” financiero lo cual descarto completamente ya que no hay activos alternativos hacia los cuales migrar legalmente los recursos que se encuentran en la banca. Lo que preocupa de este artículo es que parece confirmar la rumorada aplicación de estrategias antiinflacionarias no convencionales como la reducción real del efectivo en manos del público como una manera de limitar el volumen de transacciones, la fuga de billetes y el incremento de precios. Esta estrategia, de existir, no produce sino molestias a los ciudadanos y no tiene ninguna influencia en la escalada de precios, como lo ratifican las cifras oficiales publicadas por el BCV.

En resumen, la promulgación del decreto de emergencia parece ser una herramienta más política que económica, orientada en primer lugar, a restaurar la capacidad del ejecutivo de continuar manejando la economía nacional del mismo modo en que venía haciéndolo antes de que cambiara la correlación de fuerzas en la asamblea nacional y que es justamente, parte de las causas de la grave crisis que vive el país. Por otra parte, el ejecutivo nacional busca introducir la tesis de una “responsabilidad compartida” entre el poder ejecutivo y el legislativo en el proceso de ajuste económico que desde hace tiempo viene demandando la economía nacional. En tal sentido, un rechazo de la bancada opositora en la asamblea nacional a la aprobación del decreto, sería utilizado por el ejecutivo para culpar a la asamblea de “negar” las herramientas para la superación de la crisis. Parece una apuesta política de muy, muy corto plazo cuyo resultado neto se desconoce pero que no cambia en absoluto las terribles perspectivas económicas para 2016.

@jhernandezucv

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