La más reciente iniciativa del gobierno nacional en materia cambiaria consiste en la instalación de un conjunto de casas de cambio -abanderadas todas al parecer con la marca Italcambio- para, en términos prácticos, intentar abrir un boquete al control de cambio que rige en el país desde 2003, y que, en el contexto de la caída del ingreso petrolero ha acentuado la escasez de divisas, lo cual explica en gran medida la terrible situación de escasez de alimentos, medicinas, insumos para la industria y casi cualquier producto imaginable, y la consecuente hiperaceleración de los precios internos que cada día destruye el salario de los trabajadores, depauperando como nunca antes a la sociedad venezolana.
Hasta donde se sabe, se trata
inicialmente de 8 casas de cambio que funcionarían en los estados Táchira y
Zulia y que podrán actuar como operadores cambiarios para la venta de pesos
colombianos a los ciudadanos venezolanos y extranjeros que cumplan con los
requisitos establecidos.
De acuerdo con informaciones de prensa,
los ciudadanos que consignen la documentación solicitada podrán acceder a la
compra del equivalente hasta 300USD diarios (por transferencia) y hasta 200USD
diarios si se trata de dinero en efectivo. El tipo de cambio -fijo- establecido
por el gobierno nacional, es de 4 pesos por bolívar, lo que arroja un tipo de
cambio implícito -variable- de Bs. 735 por dólar americano aproximadamente.
¿Cuál es la
novedad?
Ninguna hasta ahora. Algún analista
desprevenido o algún colega altamente comprometido políticamente con el
gobierno del presidente Maduro podría interpretar que esta medida representa
algún mecanismo adicional, una respuesta novedosa al enorme problema cambiario
que enfrenta la economía nacional desde hace varios años. No podrían estar más
equivocados
En realidad, nada ha cambiado (para
bien). Este nuevo mecanismo es casi una copia al calco del difunto SIMADI. Incluso
los requisitos, los límites y las exclusiones se parecen igualitos. Los resultados,
por tanto, no pueden ser diferentes
Un tipo de cambio fijo, establecido “por
respeto a Colombia” y no en atención a la relación entre oferta y demanda, las
mismas limitaciones en la oferta, dada la poca disposición de los agentes
privados a vender a una tasa que es apenas una fracción del tipo de cambio que
pueden lograr a unos kilómetros de allí cruzando la frontera, y una demanda que
tiende a infinito producto justamente de un tipo de cambio -un tercer tipo de
cambio oficial por cierto- sobrevaluado, son la combinación perfecta para un
colapso temprano de un sistema que presenta las mismas carencias que sus
predecesores SITME, SICAD, SICAD II, SIMADI y DICOM.
En esta ocasión el mecanismo es mucho
peor por cuanto -extraoficialmente- se habla de que la oferta será alimentada
con los pesos provenientes de la venta de gasolina en la frontera. Es decir,
que el BCV perdería, aún más, la capacidad de influir sobre el mercado
cambiario. Una tragedia
El hecho es que si nos ponemos
capciosos ¿Por qué habría el gobierno de implantar una medida cuyos objetivos
podría cumplir con los mecanismos ya vigentes y que han fracasado durante años?
La respuesta -como es costumbre- se encuentra en la política, y no en la
economía.
Como yo lo veo, se trata de una cuota
de poder y dinero que el presidente ha debido entregar a los gobernadores
fronterizos (militares retirados todos), en medio de la feroz pugna interna que
vive el gobierno. Esta medida parece integrarse con las importaciones de
alimentos a tipos de cambio “no subsidiados” como se le llamó al parecer
difunto Plan de Abastecimiento Complementario. Como se recordará, este
mecanismo comenzó por debajo de cuerda en los estados fronterizos, con la
anuencia de los gobernadores Arias Cárdenas y Vielma Mora, como un intento aislado
de fomentar el ingreso de alimentos al país, de la mano de empresarios privados
políticamente afines.
Con este nuevo intento, estos
empresarios, podrían estar recibiendo de forma direccionada, pesos baratos con
los cuales podrían echar a andar nuevamente las importaciones de alimentos y
contribuir a paliar la escasez en el país, materializando jugosos márgenes de
comercialización y volteándose nuevamente a pesos a una tasa preferencial, de
acceso casi exclusivo para quienes disponen de los contactos correctos.
Seguir haciendo lo mismo esperando
resultados diferentes es una definición de insania mental. Al parecer nuestra
política económica se está generando en Bárbula.
Un mecanismo intermitente, con una tasa
sumamente baja y fija, con oferta estructuralmente restringida y filas de personas
registrando sus citas para satisfacer su demanda -o de terceros que le paguen
por ello- es un fracaso seguro.
@jhernandezucv
discusionpoliticavzla.blogspot.com
