lunes, 23 de mayo de 2016

Empleo y educación en tiempos de innovación





Ahora que termina un nuevo año escolar y que miles de jóvenes bachilleres enfrentan la clásica disyuntiva sobre su futuro académico y/o profesional, es conveniente dar un breve repaso de las tendencias que en esta difícil coyuntura económica –y época de cambio estructural- se presentan en el panorama laboral de nuestro país y en el mercado internacional.

Disyuntiva 1: Trabajar o estudiar

Los muchachos de mi época, cuando salíamos de bachillerato enfrentábamos por lo general el falso dilema entre trabajar y estudiar, dependiendo de la situación económica de los padres. Quienes optamos inicialmente por la decisión de estudiar en el sistema privado podíamos, con un trabajo de salario mínimo costear –con mucho sacrificio- un semestre en una institución privada. Hoy esa posibilidad no existe. En aquella época, cuando ya Venezuela estaba en una situación económica decadente (segundo gobierno de Rafael Caldera) ciertamente no existían las masivas posibilidades de estudiar en una universidad pública –especialmente para los egresados de liceos públicos- pero también es cierto que un título universitario representaba una esperanza significativa para la movilidad social y la superación de la pobreza. Hoy vemos que nuestros jóvenes son testigos a través de sus padres o vecinos profesionales –y especialmente en sus maestros- que la educación formal no representa en absoluto posibilidad alguna de mejora material y es, por el contrario, casi una condena absoluta a la pobreza perpetua.

Quienes optaban por trabajar en ese entonces, tenían la esperanza de “pegar” en PDVSA, CANTV, Electricidad de Caracas, Edelca, Metro de Caracas ó más recientemente, el SENIAT sólo por mencionar un grupo variado de organizaciones públicas y privadas que constituían las “blue chips” del empleo de la época y de las cuales hoy no quedan sino ruinas, no sólo por su situación financiera sino por la cultura corporativa que se adueñó de ellas, donde la militancia política (o al menos aparentar cierta preferencia política) es más útil que prepararse, formarse y obtener resultados. La lealtad sobre el mérito, como tanto se han preciado de reconocer en público como parte de una doctrina abiertamente destructiva de los resultados, el crecimiento y la rentabilidad –económica y social- de las instituciones mencionadas.

Disyuntiva 2: ¿Que estudiar?

Además de la depauperación de la clase media profesional en las carreras tradicionales – educadores, médicos, abogados, administradores- las carreras de servicio público como bomberos y policías comparten una situación similar. La carrera militar, en otros tiempos considerada como una especie de reserva de estabilidad y prosperidad, sufre hoy, además de un gran desprestigio por razones políticas, una situación tan precaria como la de cualquier otra carrera. Los militares sonadamente prósperos que han caracterizado las últimas dos décadas nada tienen que ver con la carrera seleccionada sino con el saqueo de las arcas públicas, pero ese es otro tema.

El INCE, institución donde buena parte de las clases populares confiaron la formación para el trabajo de sus hijos, es hoy una institución desmantelada, divorciada de las necesidades del sector productivo, que aún hoy forma masivamente centenares de muchachos destinados al sector banca-servicios y muy poco-nada orientado al débil sector industrial del país.

Ocupaciones novedosas, en sintonía con las tendencias de la sociedad del conocimiento: nada. En un país donde deberían formarse miles de investigadores, científicos, diseñadores de piezas, programadores o como mínimo obreros calificados como electricistas industriales, torneros, nuestras universidades, especialmente las de nuevo cuño se vanaglorian por graduar miles y miles de profesionales con muy poca calificación para insertarse en el sector formal, ejerciendo su profesión, sin depender del empleo público.

Decisión 3: ¿Irse ó quedarse?

En los últimos años y en la medida que la situación del país empeora, muchos padres apelan a cualquier familiar en el exterior que pueda –independientemente de cuan lejano sea el parentesco- recibir temporalmente a las nuevas generaciones de migrantes que huyen de la depauperación de las condiciones de vida y –más importante aún- de la falta de futuro, y de las escandalosamente altas probabilidades de ser asesinado, lesionado o recurrentemente asaltado en las calles de nuestro país.

De modo que la decisión de emigrar está en la mente de muchos jóvenes y sus padres. Lamentablemente, muchas de las ideas que acompañan la decisión de emigrar tienen bases frágiles y están basadas en historias no necesariamente ciertas sobre el éxito y la prosperidad que aguarda a todo aquel que pise suelo extranjero. Aunque quienes ya se fueron se salvaron de padecer la brutal destrucción del salario que se vive en Venezuela, la realidad es que en los próximos años se producirá un importante volumen de retornos de personas frustradas por no cristalizar sus aspiraciones en el extranjero.

Tendencias y oportunidades en tiempos de Innovación

La época en que el estado podía paliar la situación de desempleo del país, incrementando la nómina pública o a través de “misiones” parece haber llegado a su fin. Las legiones de porteros, escoltas, vigilantes, secretarias y ascensoristas que abundan en las nóminas públicas –y en menor medida en sus puestos de trabajo- son la expresión de un modelo de gestión pública fracasado pero también son símbolos de un nivel de desarrollo tecnológico muy diferente al que caracteriza la economía global de hoy, entre cuyas expresiones más novedosas se cuentan el Big Data, la inteligencia artificial, los vehículos autónomos y la economía digital por sólo mencionar algunos.

Cualquiera que haya visitado los EEUU o países europeos habrá notado la tendencia hacia la automatización y el autoservicio en el comercio, donde ni siquiera hay cajeros para el cobro de las compras, “bomberos” en las estaciones de servicio, montacarguistas en los almacenes y donde incluso con Uber, se podrá pedir un taxi pero sin taxista, de modo que, quien pretendan emigrar al primer mundo para dedicarse a estas actividades de baja calificación / baja productividad enfrentan un panorama laboral que se deteriora rápidamente.

Por otra parte, la economía digital ofrece oportunidades que, si bien no son masivas, representan los síntomas de un cambio estructural en las posibilidades de empleo para personas con competencias específicas no necesariamente certificadas por una universidad tradicional. Plataformas como www.freelancer.com y www.workana.com  representan un nuevo paradigma en el trabajo profesional independiente, un mercado totalmente globalizado donde se ofertan y demandan capacidades específicas para proyectos puntuales, limitados en el tiempo, fuera de los marcos jurídicos tradicionales de protección al salario y la estabilidad laboral. Con este tipo de plataformas, una empresa de cualquier parte del mundo puede deslocalizar y tercerizar cualquier tipo de operación – la elaboración de un contrato, una campaña publicitaria o un servicio permanente de consultoría- sin atarse a las relaciones laborales tradicionales, favoreciendo la competitividad y la reducción de costos en su operación. Aún está por verse si este tipo de plataformas serán un vehículo para la precarización del empleo, de lo que si no hay duda es que los conocimientos menos especializados se han comoditizado, entrando en una espiral descendente de desvalorización, por cuanto hay personas calificadas en tales ocupaciones provenientes de países muy depauperados como India, Pakistán y más recientemente, Venezuela, que hacen por muy pocos dólares un trabajo de calidad, presionando el mercado de empleo en los países de altos salarios. Vale destacar que los pagos transados en estas plataformas rara vez terminan en la banca tradicional ya que los usuarios prefieren manejar su dinero a través de plataformas novedosas como Paypal o Payoneer –completamente manejadas por internet- lo cual es a su vez otro símbolo de la innovación que en todos los ámbitos revoluciona a la economía global. Como se ve, es una oportunidad para que Venezuela facilite, en la difícil coyuntura petrolera y ante la necesidad inminente de impulsar actividades generadoras de divisas, que los emprendedores que logren vincularse a las cadenas de valor global –independientemente de su naturaleza- puedan vender sus divisas en el país a una tasa razonable y acumular sus dólares en el sistema financiero nacional.

 Aunque creo que no he logrado ayudar a ningún joven indeciso que se haya tomado el tiempo para leerme, resta señalar que las certificaciones internacionales tipo SAP, CISCO, y las vinculadas a la producción de soluciones digitales tipo app’s y videojuegos son hoy, y en los años por venir, una posibilidad a considerar seriamente con miras a desarrollarse como profesional independiente en carreras mejor remuneradas y con potencial de localización global. Todo un reto para las políticas públicas


@jhernandezucv

lunes, 2 de mayo de 2016

El salario mínimo en dólares. Otra vez






Nuevamente el presidente Maduro ha decretado un incremento nominal en el salario mínimo para llevarlo a Bs. 15.051,17 mensual, además de un ajuste en el bono de alimentación para llevarlo a Bs. 18.585, con lo cual el ingreso mínimo legal del trabajador venezolano se sitúa en Bs. 33.636,17. En lo que va de año el IML se ha incrementado en 105% y, aunque el gobierno nacional procure posicionar esta política salarial en la narrativa de la justicia social y las bondades del proyecto político en el poder, la realidad es que evidencia la gravedad de la situación económica y social de la población venezolana.

Para los no venezolanos les aclaro: el bono de alimentación es un pago complementario al salario, de carácter no prestacional; es decir, no imputa para prestaciones sociales, utilidades, vacaciones, así como para las contribuciones a la seguridad social. Con el último ajuste, este complemento equivale a 123% del salario, y un 55% del ingreso bruto mensual de los trabajadores que devengan salario mínimo, aun cuando este beneficio es extensible a otras escalas salariales y ahora, a los pensionados y jubilados.

Aun cuando no se sabe cuál es el registro oficial de inflación para los primeros cuatro meses del año, las estimaciones más conservadoras sitúan en no menos de 70% de inflación acumulada en este primer cuatrimestre. Si se evalúa el crecimiento en el precio de los alimentos, este indicador podría superar un 200% en ciertos rubros en el mismo lapso, por no mencionar otros rubros menos básicos pero que tienen fuerte impacto en la cadena productiva como es el caso de los repuestos industriales y automotrices, el material de empaque entre otros. Desafiando el conocimiento económico acumulado durante décadas que postula una relación positiva entre crecimiento económico e inflación, la pre hiperinflación (según el concepto  de Cagan) venezolana ocurre en un año en el que la contracción de la economía alcanzará casi con certeza, los dos dígitos. Una tragedia.

A falta de cifras oficiales, que dejaron de publicarse en 2014, tomemos como válido el valor referencial publicado periódicamente por el CENDAS para la canasta alimentaria en Venezuela, que se ubicó al mes de marzo de 2016 en Bs. 142.853,20. Es decir, se necesitarían más de cuatro adultos devengando ingreso mínimo legal para poder alimentar –sólo alimentar- a una familia tipo de cinco miembros.

¿Y cuánto es eso en dólares?

Vuelve también el debate de las equivalencias del ingreso mínimo legal del venezolano expresado en dólares, como una referencia del poder de compra que dicho ingreso puede proveer para la adquisición de una canasta mínima de bienes.

Para llevar el salario mínimo de Venezuela a dólares, entramos en el debate del tipo de cambio que habría que utilizar para ese cálculo. Dado que en el país existen dos tipos de cambio oficiales y uno no oficial que tiene un gran poder en la fijación de precios en la economía; habría que realizar una ponderación del tipo de cambio aplicada en la canasta de consumo típica.

Pero eso no lo voy a hacer esta vez. Dado que desde el aparato propagandístico gubernamental y sus simpatizantes espontáneos se bombardean estos argumentos, esta vez voy a probar aproximarme a la cobertura del salario mínimo, apegándome al discurso oficial en el cual el estado venezolano garantiza a los trabajadores la mayor suma de felicidad posible.

De acuerdo con el discurso oficial, el salario mínimo en Venezuela es, desde hace varios años, uno de los más altos de América Latina cuando se expresaba en dólares, debido que el gobierno calculaba el ingreso nominal, constantemente creciente por los ajustes decretados por el ejecutivo nacional, y lo dividía entre un tipo de cambio oficial sobrevaluado, único e indiscutible, en oposición al cambio guarimbero, inexistente, innombrable, el Voldemore que causaba distorsiones especulativas pero poco significativas en términos de su impacto en la formación de los precios. Prueba irrefutable de ello era la existencia de ferias, mercales, pdvales y bicentenarios donde se podía comprar a precio justo los bienes necesarios, materializando así un enorme poder de compra del salario.

Sobre el colapso del sistema de distribución estatal hay múltiples evidencias. La minimización de las redes PDVAL y Mercal, el cierre de algunos supermercados bicentenario, las captahuellas, el terminal de la cédula, la escasez, el bachaqueo y las interminables colas son expresiones de que finalmente se ha impuesto la anarquía sobre las pretensiones estatales de controlar la circulación de mercancías y la formación de precios.

Aun así, el gobierno decidió mantener en Bs. 10 el tipo de cambio “protegido” un valor absurdo desde cualquier racionalidad económica, que representa más del 90% de los dólares liquidados en la actualidad y que se ha justificado como un mecanismo que permite abaratar las importaciones -y por tanto trasladar al pueblo el beneficio vía precios- de bienes esenciales como alimentos y medicinas.
Aferrémonos a esa ficción, esa fantasía idílica promovida por el gobierno nacional de que ese es el tipo de cambio que rige la economía, al menos en lo que a alimentos se refiere. En ese caso, el nuevo ingreso mínimo legal en el país sería de 3.363,6 dólares americanos. Toda una maravilla que haría palidecer de envidia a cualquier ciudadano latinoamericano, que estarían haciendo maromas para venirse a vivir a esta tierra de gracia donde haciendo lo que sea, vivirían mejor que en su país de origen. Justo lo que hacen los venezolanos en este momento.

Asumamos que ese es el tipo de cambio correcto y no el TC “no protegido” ó SIMADI / DICOM que situaría el IML alrededor de los 90USD mensuales, el cual ya sería bastante bajo comparado con otros países de Latinoamérica.

Si la tasa que rige el ingreso es la protegida de Bs. 10/USD, entonces es la misma que nos permite calcular el precio en USD de algunos alimentos. Algunos casos emblemáticos podrían ser:
1Kg Carne de primera: Bs. 3.000 = 300 USD
1Kg de Pollo entero: Bs. 1.600 =160 USD
1 Docena de huevos: Bs. 900 =90 USD
1 Pan canilla: Bs. 250 = 25USD
1 Kg Café (el único que se consigue)= Bs. 2800 =280USD.
1Kg de queso duro: Bs. 3200= 320USD

No hay manera de disfrazar la situación: en Venezuela es imposible que una familia de 5 integrantes (dos adultos trabajando) pueda sobrevivir con el ingreso mínimo legal. La familia venezolana está pasando hambre, los adultos dejan de comer para alimentar a los niños. La ingesta de alimentos es poco balanceada y reposa fundamentalmente en harinas y pastas, al tiempo que las proteínas animales se reducen o transmutan en embutidos de dudosa calidad y las frutas desaparecen de la dieta del venezolano. Hoy se incuban los problemas de salud de mañana en un país donde adicionalmente, no se consiguen medicinas.

Los aumentos de salario sin sostenibilidad fiscal conducen a mayor monetización del déficit y nos lleva por la vía expresa a la hiperinflación. La caída de las ventas producto de la brutal contracción económica, y la imposibilidad de muchas empresas de trasladar los nuevos costos a los precios, podría conducir a un incremento significativo del desempleo. Por donde se vea, esta manera de manejar la política salarial es altamente inefectiva y no compra nada, ni siquiera tiempo.

Urge una política anti inflacionaria sensata, que evite que se continúe pulverizando el poder de compra del salario y destruyéndose los incentivos al estudio y al trabajo como medio de superación futura. La sostenibilidad fiscal de los aumentos salariales puede lograrse si se desmontan los perversos mecanismos de subsidio que no llegan a las personas que más lo necesitan sino que se constituyen en incentivos para los negociados de aquellos que tienen posibilidad de conectarse con quienes reparten la piñata de los dólares, los alimentos, la gasolina entre otros. En cuanto al sector privado, urge permitirles ajustar precios en función de sus estructuras de costos y no en función de las limitadas capacidades de fiscalización de la burocracia estatal que se aferra a la fantasía del dólar barato y los precios justos que, junto a la sayona y el silbón pasaron a formar parte de los mitos y leyendas venezolanas.


@jhernandezucv