Cada día que pasa la situación de
la economía venezolana es más grave. Entre los ciudadanos, crece la percepción
de que el principal problema del país tiene que ver con la economía, superando
incluso, de acuerdo con los últimos estudios de opinión publicados, a la
inseguridad como principal preocupación ciudadana. En un país con 25.000
homicidios por año, que exista una preocupación mayor que la de sobrevivir al
hampa, dice mucho de la insoportable situación de inflación, estancamiento y
escasez que se sufre actualmente.
Como se viene planteando, es
necesario que las indispensables medidas de ajuste macroeconómico, condición
necesaria para la reconstrucción de la economía nacional, se acompañen de
políticas públicas que amortigüen el impacto sobre la calidad de vida de los
más débiles: asalariados, pobres, grupos vulnerables. El papel del estado es
fundamental en esta tarea. El hipertrófico estado venezolano es probablemente,
gracias a la propiedad del ingreso petrolero, el único estado en el mundo que
puede darse el lujo de avanzar en un ajuste macroeconómico que restaure los
equilibrios perdidos, minimizando el impacto social de las medidas.
En todos los aspectos que se
analicen sobre la vida social del venezolano, surgen repetidamente conceptos
que orientan el diseño de las políticas públicas: Subsidios, inclusión,
cobertura, calidad, gratuidad, temporalidad entre otros. La política social de
los gobiernos a lo largo de la historia, y muy especialmente durante la
administración del presidente Chávez, se ha orientado al reparto de la renta
petrolera. Este reparto, realizado de manera clientelar en poco ha contribuido
al desarrollo del país en general y a la superación de las condiciones de
vulnerabilidad por parte de los receptores de la asistencia estatal.
En este artículo y en los
subsiguientes intentaré abordar una caracterización de diferentes aspectos de
la vida social del venezolano, sobre los cuales se generará un impacto
inmediato por causa de las necesarias medidas de ajuste macroeconómico que sin
duda tendrán que tomar los actores políticos que ejerzan el poder en los
próximos meses.
Inseguridad: ¿Qué tiene que ver la terrible situación de
inseguridad ciudadana que se vive en el país con un ajuste macroeconómico? Si
tiene que ver. La actual epidemia de violencia que se vive en el país y cuya
expresión más dramática es una tasa de homicidios entre las más elevadas del
mundo, se gestó, se desarrolló o se potenció muy notablemente durante el
gobierno del presidente Chávez, es decir, en una época en la cual los ingresos
petroleros y las políticas de distribución de la renta, lograron una
significativa elevación del ingreso del venezolano medio y la masificación en el
acceso a servicios como vivienda, salud, educación y alimentación. ¿Qué puede
esperarse entonces que ocurra en un contexto en que se contrae el ingreso,
aumenta la pobreza y se desmontan los incentivos a las diferentes formas de
rebusque, legal o ilegal?
No soy experto en seguridad. En
todo caso debo ser experto en inseguridad, por todas las veces que he sido
robado, porque el hampa me dejó parapléjico para robarme un carro, porque
conozco de cerca esa realidad de miles de familias que se encierran en sus
casas como única posibilidad de sentirse –no de estar- seguros. Niños que al
oír una pirotecnia salen corriendo a refugiarse como sus padres le enseñaron,
madres que esperan a sus hijos –incluso adultos- mirando por la ventana, o que
los acompañan por las escaleras del barrio para que no se los maten. Esa es la
realidad de nuestros barrios. Si hablamos de inclusión, en este tema todos
estamos incluidos.
El estado venezolano ha perdido
el control, la capacidad de ejercer la autoridad, el uso legítimo de la violencia
en muchos espacios, tanto funcionales como territoriales. Bajo la mirada
indiferente y complaciente de las autoridades se han formado microestados –espacios
funcionales y territoriales-donde el estado legal es manifiestamente incapaz de
imponerse: minería ilegal, contrabando de gasolina, mafias sindicales entre
otros. Por otra parte, se ha evidenciado el control territorial que ejercen las
bandas armadas en los barrios y que manejan el tráfico de drogas, que disponen
de sofisticados armamentos, carros, complicidad de las autoridades y no pocas
veces, el apoyo de la comunidad, que desconfía –con sobrada razón- de los
cuerpos policiales y la acción judicial.
Ante la violencia de estas
montoneras, sólo la violencia legal del estado tendría la posibilidad de
comenzar a revertir la situación de criminalidad desbordada que vive el país. Una
situación generalizada de inseguridad ciudadana puede verse reforzada en un
contexto de dificultades económicas.
Educación: Nuevamente la cobertura, la calidad, la gratuidad surgen
al momento de caracterizar otro aspecto de la política social. A efectos de una
mejor caracterización, debe separarse la educación primaria y secundaria de la
educación universitaria. Veamos
Educación primaria y secundaria: Luego de un impulso inicial a
través de las escuelas bolivarianas, con los años se ha evidenciado el rotundo
fracaso que ha significado la política educativa del gobierno nacional. Las
fallas recurrentes del programa de alimentación escolar, la flexibilización de
los criterios de evaluación que conducen a la promoción al siguiente grado de alumnos
que no logran las competencias básicas, la incorporación masiva de docentes con
precaria formación, la depauperación de la carrera docente y el deterioro de la
planta física es moneda corriente en cualquier región del país pero alcanza
niveles dramáticos en la provincia. Una política altamente nociva ha sido la
exoneración generalizada de matrícula en aras de una mal concebida y peor
implementada política de justicia social. Es bien sabido que el ministerio de
educación es de los entes más ineficientes del hipertrófico estado venezolano y
que las instituciones educativas no reciben en forma suficiente ni oportuna,
los recursos mínimos que necesita para su funcionamiento. Escuelas sin
bombillos, sanitarios dañados, rejas y ventanas deterioradas, y hasta
condiciones de insalubridad, son situaciones que pudiesen solventarse a través
de la colaboración corresponsable de los padres y representantes en el
financiamiento de la educación de sus hijos. La gratuidad absoluta,
independientemente de la capacidad relativa de contribución de los
representantes, ha enviado un mensaje de que es responsabilidad casi exclusiva
del estado la educación de los niños y jóvenes, liberando a los padres del rol
que necesariamente deben tener en el financiamiento de la educación de sus
hijos.
En la educación secundaria los
problemas se hacen aún más dramáticos: la deserción escolar oculta
deliberadamente en las estadísticas oficiales que obligan a calificar a alumnos
que en realidad no asisten aun cuando están inscritos, la flexibilización
extrema de las evaluaciones que obligan a repetir varias veces las evaluaciones
con el único fin de demostrar número de egresados sin la menor atención en las
competencias mínimas y que se traducen luego en una frustración generalizada
cuando se piensa en asistir a una universidad, la elevada criminalidad, consumo
de drogas y alcohol en las instalaciones educativas, embarazo adolescente y la
subsecuente interrupción del proceso educativo, la falta de profesores
especialistas que se pretende cubrir con la formación express de egresados de
las misiones… en fin, la actual situación del sistema educativo venezolano es
prácticamente una garantía de que las cosas empeorarán en el corto plazo.
Educación Universitaria: ¿debe ser gratuita la educación
universitaria? En Venezuela, parece estar invertida la prioridad en los presupuestos
de la educación. La masificación de la educación universitaria en nuestro país
no pasa de ser una oferta engañosa, dados los severos problemas de pertinencia
y calidad que presentan las universidades creadas en años recientes bajo la
premisa de la masificación del derecho a la educación. En realidad, todos
tenemos derecho a ingresar a la universidad, pero el título universitario no
debe ser un derecho como se pretende que lo sea, sino que debe ser el resultado
del esfuerzo individual del estudiante. El nuevo modelo de ingreso a las
universidades es fiel definición de una justicia social mal concebida.
La gratuidad absoluta de la
educación universitaria es un peso cultural que arrastramos los Venezolanos
durante muchos años. En el contexto de las reformas económicas por venir, uno
de los mitos por desmontar debe ser, al igual que ocurre con todos los
subsidios, el pretendido derecho irrenunciable a recibir del estado –por
derecho de nacionalidad- de manera gratuita, un bien tan importante, pero opcional,
como lo es una carrera universitaria
De cada quien según su capacidad.
Es simple sentido común.
@jhernandezucv
