Importaciones privadas con divisas propias

En el primer semestre del año la situación económica del país ha atestiguado un notable empeoramiento de todos los indicadores, especialmente los indicadores sociales. La estrepitosa caída del consumo de los hogares incluso en rubros básicos como alimentos, y la virtual paralización en la producción nacional, conducen a la economía venezolana en 2016, a un decrecimiento récord del PIB que difícilmente será menor al 10% y una tasa de inflación de tres dígitos. Ningún país del planeta en toda la historia ha registrado un desempeño económico tan malo en tiempos de paz y sin catástrofes naturales que lo expliquen.

La política económica del gobierno en respuesta ante la grave situación, continúa siendo errática, incompleta, parcial, intermitente, contradictoria y altamente inefectiva. Por una parte, se intentan aproximaciones tímidas hacia el sector privado y mecanismos de mercado como la cotización del DICOM o la actualización abrupta de precios con considerables rezagos, pero por otra parte sectores del gobierno se rehúsan a perder el control sobre variables económicas de importancia y los corruptos negocios asociados. Muestra de ello es el muy ineficiente intento de controlar la distribución de alimentos por medio de los CLAPs o la ocupación de la planta de Kimberly Clark, una fórmula experimentada muchas veces en años recientes con estruendosos fracasos.

La realidad es que la situación de escasez de alimentos y de otros rubros responde fundamentalmente a tres razones:

Caída de las importaciones

Durante el período de vigencia del control de cambio, con ingresos de divisas crecientes por exportación petrolera y en un contexto de guerra entre el sector privado y el estado, se reforzó la dependencia del país respecto a las importaciones. El estado asumió como política antiinflacionaria el anclaje cambiario lo que aniquiló la competitividad relativa de la producción local en favor de las importaciones que, también estaban controladas directa o indirectamente por el gobierno nacional, bien como administrador de las autorizaciones de divisas o bien como importador directo de bienes.

De acuerdo con las cifras de Balanza de Pagos publicadas por el Banco Central de Venezuela, en el lapso 2003-2014 se registraron ingresos por exportación por USD 830.159 e importaciones de bienes y un saldo en servicios que totaliza USD 591.334 en el mismo período. En ese lapso las importaciones pasaron de 27.230 millones de dólares (2003) a más de 60.000 millones de dólares (2014) lo que equivale a un crecimiento de 376%. Una expresión innegable del rentismo sobre el cual se pretende justificar el innegable fracaso de la política económica del Chavismo.

Ante la caída del ingreso petrolero y con la parálisis de la producción interna y una exacerbada dependencia de las importaciones, es natural que se registren importantes interrupciones en los proceso de producción de la industria local y una marcada ausencia de bienes importados. 

Política de precios internos

En aras de lograr una redistribución del ingreso y para acometer una política social mal diseñada, el gobierno nacional ha implantado una política –a todas luces fallida- de congelación y regulación de precios en el tiempo que trajo como consecuencia el rezago incluso durante años, del precio de venta de diferentes rubros hasta anular toda rentabilidad posible en su producción por parte del sector privado, disminuyendo su disponibilidad e incentivando el contrabando de extracción. Aun cuando el gobierno durante el primer semestre de 2016 realizó ajustes salvajes de 300%, 500% ó 900% en diferentes rubros, el daño ocasionado en las cadenas de valor demorará en ser superado, máxime cuando continúa la misma política de esperar a que el gobierno autorice las modificaciones en los precios, incluso contraviniendo lo establecido en la Ley de precios justos en cuanto al límite de utilidad permitido.

Expropiaciones

En esta materia el daño ha sido considerable. Las expropiaciones de fincas, hatos y plantas anteriormente productivas, retiró del mercado buena parte de la oferta en bienes en rubros simbólicos como las cabillas y el cemento. Por otra parte, el fracaso de Agropatria que sucedió a la expropiación de Agroisleña y una serie de políticas erradas en la producción e importación de alimentos, explica buena parte de la escasez de esos rubros.

Semestre 2016-II

En el segundo semestre del año el panorama no luce mejor. Las reservas internacionales del país se han reducido 28% durante el primer semestre y el margen de maniobra para disponer de activos externos se ha reducido considerablemente a raíz de algunas operaciones realizadas por el gobierno durante 2015. El precio del petróleo permanece estable y luce improbable que su cotización promedio alcance los 45USD por barril durante el año, a lo que se le suman los problemas reportados para que PDVSA mantenga o incremente su producción, comprometiendo aún más el ingreso petrolero.

El panorama es claro: es imprescindible incrementar las importaciones y la eficiencia con que se manejan las mermadas disponibilidades de divisas. El estado venezolano comprometido como está con el pago de las obligaciones de deuda externa, con una notable disminución de ingresos e imposibilitado de recibir financiamiento externo, incluso de China, su aliado financiero de los últimos años, exhibe una escasa capacidad para mejorar la situación de cara al segundo semestre.

Entonces que se podría hacer?

Permitir las importaciones con dólares No Oficiales

El gobierno venezolano sigue dando muestras de aislamiento respecto al clamor de la sociedad y de las recomendaciones que en materia económica han realizado personalidades, académicos e instituciones, incluso las que le son ideológica y políticamente afines como es el caso de Unasur. Aun en este contexto, es necesario continuar proponiendo medidas para que quienes tienen en sus manos la conducción de la política económica, las consideren dentro del limitado set de herramientas disponibles dentro del marco ideológico-electorero que condiciona la acción del gobierno nacional.

El artículo 22 de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos penaliza con cárcel y sanciones económicas a quienes “… promocionen, comercialicen o determinen los precios de bienes y servicios utilizando como referencia un tipo de cambio distinto a los permitidos por la normativa cambiaria o al fijado para la operación cambiaria correspondiente por la administración cambiaria”. Esta disposición limita las posibilidades de los agentes económicos privados de utilizar sus propias divisas para sus importaciones, por cuanto reconocerlas a las tasas oficiales representaría una pérdida patrimonial anunciada, al establecer precios que no garantizan la reposición de esas divisas en el único mercado posible: el mercado desregulado, una condición que el DICOM aún no cumple.

De acuerdo con las cifras del Banco Central de Venezuela en su reporte de la Posición de Inversión Internacional de la República, al cierre del tercer trimestre de 2015 (último publicado) el sector privado residente en Venezuela mantenía una posición en activos por el orden de los 150 millardos de dólares. Una parte de este enorme caudal de activos estarían recibiendo en el exterior una rentabilidad mucho menor que la que recibirían en Venezuela si se aplican a una actividad comercial menos restringida que la que ofrecen las condiciones actuales, donde cualquier funcionario, incluso de bajo nivel jerárquico puede ganar puntos con sus superiores, interviniendo, cerrando y multando comercios y decomisando mercancía. A partir de estos recursos, existe un considerable potencial para incrementar el flujo de importaciones del sector privado en el segundo semestre si se manejan los incentivos correctos.

Los agentes económicos venezolanos se posicionan en divisas, no por el rendimiento financiero que estas ofrecen que es más bien bajo, sino por la protección que brinda ante el exacerbado riesgo cambiario que exhibe la economía nacional. Si se facilitan las condiciones –especialmente la libertad de precios- para que la rentabilidad del comercio supere las expectativas de devaluación es perfectamente posible que buena parte del sector comercial logre abastecer sus establecimientos con sus propios dólares en los próximos meses. Esto puede ser muy conveniente y de bajo impacto distributivo para rubros no estratégicos como la electrónica de consumo, tecnología, vestido, automóviles, juguetes, calzado, bebidas alcohólicas y servicios turísticos.

Si en dos semanas, 150 mil venezolanos estuvieron dispuestos a cruzar hacia Colombia para comprar bienes de aquel lado de la frontera pagando precios mayores que los precios oficiales y esto representa un beneficio para sus presupuestos respecto a su situación actual, es sencillo imaginar que más libertad de comercio puede causar de inmediato un mayor nivel de bienestar y una expansión aunque sea modesta, del nivel de actividad económica, incluso en las terribles circunstancias que vive el país. La despenalización de las importaciones con tipo de cambio no oficial, es una medida que se inserta en una estrategia progresiva de flexibilización, de sinceración de la realidad económica y permite al estado enfocarse en lo que es realmente importante en este momento: alimentos y medicinas.

@jhernandezucv