La nueva Asamblea Nacional cuya
composición parece que será, en términos de representación política, la más
equilibrada en muchos años, tiene un importante rol que jugar en la
reconstrucción de la devastada economía nacional. Si los actores políticos de
la oposición logran alcanzar la mayoría de curules y se proponen realizar un
trabajo parlamentario serio, no deben pisar el peine de la repolarización
política que fije las prioridades de la nueva AN en el siguiente ciclo
electoral de corto plazo (la remoción por diferentes vías constitucionales del
presidente Maduro) sino que debe orientar su trabajo en favor del interés de la
mayoría del país que hoy exige un cambio importante en la conducción de la
economía nacional.
Los límites del poder de la Asamblea Nacional
Además de las limitaciones que
representa la Sala Constitucional del TSJ, la nueva Asamblea Nacional asume su
rol en el contexto de un poder nacional dividido, por lo que el alcance de sus
atribuciones se limita en resumidas cuentas a equilibrar poderes, controlar al
poder ejecutivo y a legislar en favor de sus electores. Debido a esto, es
totalmente falaz la idea vendida por sectores de la oposición, de que a partir
de un triunfo opositor en la asamblea nacional, la situación del país cambiaría
dramáticamente.
El manejo de las divisas, la política
cambiaria, la política petrolera y la política fiscal sigue en manos del poder
ejecutivo, asi como la mayoría de gobernaciones y alcaldías. Siendo así, sigue
recayendo en el poder ejecutivo la responsabilidad en la conducción del país y
por tanto, en la evolución de las grandes variables económicas y sociales.
¿Qué puede hacer la nueva asamblea nacional?
La hegemonía política que desarrolló
el presidente Chávez, así como los errores de la oposición política cuando
renunció a hacerse un espacio en el parlamento con la finalidad de deslegitimar
el gobierno, condujeron a que la Asamblea Nacional que hemos tenido en años
recientes, no haya cumplido con el importante rol que por diseño institucional
le corresponde. Como se afirma en el Editorial
de la Revista SIC del Centro Gumilla en su edición de Noviembre 2015, el parlamento
nacional se convirtió en un lugar donde “…no se debate nada, sino que se corean
consignas y se vota lo dictaminado por el Ejecutivo, excluyendo cualquier labor
de fiscalización al gobierno y de debate nacional”
Es por ello, que deben
identificarse claras oportunidades de mejora inmediata. Espacios de acción parlamentaria
donde la nueva correlación de fuerzas, en defensa de los mejores intereses
difusos de sus electores, contribuya a sentar las bases institucionales donde
descansará el proceso de reconstrucción de la economía venezolana,
independientemente de los actores políticos que dirijan ese proceso. Yo como
elector, voy a exigir –léase bien, exigir, y ud también debería hacerlo-, que
la nueva asamblea nacional se enfoque durante 2016 a los siguientes puntos (en
materia económica):
1. Interpelaciones: Es necesario que la
nueva AN en su rol como contralor solicite la interpelación –y divulgue oportunamente
el respectivo informe- de importantes funcionarios públicos, que por su
responsabilidad en el manejo de recursos y por la importancia de su gestión,
son de vital interés para los ciudadanos. Me atrevo a proponer de una vez a un
grupo: Presidente del BCV, Presidente de PDVSA, Ministro de Finanzas, Ministro
de Vivienda, Ministro de Industrias, Ministro de la Defensa, Vicepresidente de
la República. A partir de las informaciones aportadas por estos funcionarios,
podremos tener un panorama más claro de la situación real del país.
2. Presupuesto Público: Es bien sabido que
el presupuesto público de Venezuela es un instrumento sin ningún valor
informativo o de planificación. La formulación anual del presupuesto de gastos
basado en cifras sin fundamento económico, subestimando los conceptos para
luego generar desde el primer día, solicitudes de créditos adicionales para
cubrir magnitudes de gasto no previstas, es una de las aberraciones administrativas
más importantes que deja el chavismo en su paso por el estado venezolano. La
nueva Asamblea Nacional debe generar un importante debate sobre la idoneidad
del presupuesto de cara al 2017, sin incurrir en la tentación populista de
aprobar todos los créditos adicionales que el ejecutivo tenga a bien proponer
durante 2016, con la excusa de que son para la “inversión social”. Sentar las
bases para un manejo serio de los recursos del estado, sin extender cheques en
blanco pero sin sabotear, velando por cada bolívar entregado pero sin paralizar
el país. Ese sería el reto.
3. Endeudamiento con China: La
constitución nacional en su art 154 establece que “Los tratados celebrados por
la República deben ser aprobados por la Asamblea Nacional…” Así mismo, el art
187 establece claramente que entre otras cosas, es obligación de la Asamblea
Nacional “Autorizar al ejecutivo nacional para celebrar contratos de interés nacional…”
En tal
sentido, y dada la inminente realización en 2016 de al menos una operación de
crédito de la república con China en el marco de la estrecha relación entre
ambas naciones, y en el contexto del severo déficit de divisas que enfrenta el
país para el próximo año, es necesario que se restituya el rol de la Asamblea
Nacional en el control del uso de esos recursos. Todos los convenios
internacionales del país –salvo los relacionados con la seguridad nacional-
deben ser conocidos por la nueva Asamblea Nacional, y deben divulgarse sus
condiciones para el conocimiento de los ciudadanos.
En resumen,
si bien estas elecciones parlamentarias no son la panacea, bien podría ser un
punto de partida para el necesario proceso de reinstitucionalización de Venezuela,
con un efecto directo e inmediato sobre la situación económica del país. Si la
Asamblea Nacional es secuestrada para dirimir confrontaciones político
electorales bastardas, estaría poniéndose de espaldas al país, con claras
consecuencias en los siguientes ciclos electorales. Una nueva Asamblea Nacional
que represente y que le devuelva al ciudadano parte del poder usurpado por una
cúpula que se rehúsa incluso a entregar la información que es de interés
general, sería un acierto político de efectos económicos prolongados. Pronto lo
sabremos.
¿Por cierto,
los diputados de su preferencia han dicho algo respecto a esto?
@jhernandezucv
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