jueves, 21 de julio de 2016

Importaciones privadas con divisas propias







En el primer semestre del año la situación económica del país ha atestiguado un notable empeoramiento de todos los indicadores, especialmente los indicadores sociales. La estrepitosa caída del consumo de los hogares incluso en rubros básicos como alimentos, y la virtual paralización en la producción nacional, conducen a la economía venezolana en 2016, a un decrecimiento récord del PIB que difícilmente será menor al 10% y una tasa de inflación de tres dígitos. Ningún país del planeta en toda la historia ha registrado un desempeño económico tan malo en tiempos de paz y sin catástrofes naturales que lo expliquen.

La política económica del gobierno en respuesta ante la grave situación, continúa siendo errática, incompleta, parcial, intermitente, contradictoria y altamente inefectiva. Por una parte, se intentan aproximaciones tímidas hacia el sector privado y mecanismos de mercado como la cotización del DICOM o la actualización abrupta de precios con considerables rezagos, pero por otra parte sectores del gobierno se rehúsan a perder el control sobre variables económicas de importancia y los corruptos negocios asociados. Muestra de ello es el muy ineficiente intento de controlar la distribución de alimentos por medio de los CLAPs o la ocupación de la planta de Kimberly Clark, una fórmula experimentada muchas veces en años recientes con estruendosos fracasos.


La realidad es que la situación de escasez de alimentos y de otros rubros responde fundamentalmente a tres razones:

Caída de las importaciones

Durante el período de vigencia del control de cambio, con ingresos de divisas crecientes por exportación petrolera y en un contexto de guerra entre el sector privado y el estado, se reforzó la dependencia del país respecto a las importaciones. El estado asumió como política antiinflacionaria el anclaje cambiario lo que aniquiló la competitividad relativa de la producción local en favor de las importaciones que, también estaban controladas directa o indirectamente por el gobierno nacional, bien como administrador de las autorizaciones de divisas o bien como importador directo de bienes.

De acuerdo con las cifras de Balanza de Pagos publicadas por el Banco Central de Venezuela, en el lapso 2003-2014 se registraron ingresos por exportación por USD 830.159 e importaciones de bienes y un saldo en servicios que totaliza USD 591.334 en el mismo período. En ese lapso las importaciones pasaron de 27.230 millones de dólares (2003) a más de 60.000 millones de dólares (2014) lo que equivale a un crecimiento de 376%. Una expresión innegable del rentismo sobre el cual se pretende justificar el innegable fracaso de la política económica del Chavismo.

Ante la caída del ingreso petrolero y con la parálisis de la producción interna y una exacerbada dependencia de las importaciones, es natural que se registren importantes interrupciones en los proceso de producción de la industria local y una marcada ausencia de bienes importados. 




Política de precios internos

En aras de lograr una redistribución del ingreso y para acometer una política social mal diseñada, el gobierno nacional ha implantado una política –a todas luces fallida- de congelación y regulación de precios en el tiempo que trajo como consecuencia el rezago incluso durante años, del precio de venta de diferentes rubros hasta anular toda rentabilidad posible en su producción por parte del sector privado, disminuyendo su disponibilidad e incentivando el contrabando de extracción. Aun cuando el gobierno durante el primer semestre de 2016 realizó ajustes salvajes de 300%, 500% ó 900% en diferentes rubros, el daño ocasionado en las cadenas de valor demorará en ser superado, máxime cuando continúa la misma política de esperar a que el gobierno autorice las modificaciones en los precios, incluso contraviniendo lo establecido en la Ley de precios justos en cuanto al límite de utilidad permitido.

Expropiaciones

En esta materia el daño ha sido considerable. Las expropiaciones de fincas, hatos y plantas anteriormente productivas, retiró del mercado buena parte de la oferta en bienes en rubros simbólicos como las cabillas y el cemento. Por otra parte, el fracaso de Agropatria que sucedió a la expropiación de Agroisleña y una serie de políticas erradas en la producción e importación de alimentos, explica buena parte de la escasez de esos rubros.


Semestre 2016-II

En el segundo semestre del año el panorama no luce mejor. Las reservas internacionales del país se han reducido 28% durante el primer semestre y el margen de maniobra para disponer de activos externos se ha reducido considerablemente a raíz de algunas operaciones realizadas por el gobierno durante 2015. El precio del petróleo permanece estable y luce improbable que su cotización promedio alcance los 45USD por barril durante el año, a lo que se le suman los problemas reportados para que PDVSA mantenga o incremente su producción, comprometiendo aún más el ingreso petrolero.

El panorama es claro: es imprescindible incrementar las importaciones y la eficiencia con que se manejan las mermadas disponibilidades de divisas. El estado venezolano comprometido como está con el pago de las obligaciones de deuda externa, con una notable disminución de ingresos e imposibilitado de recibir financiamiento externo, incluso de China, su aliado financiero de los últimos años, exhibe una escasa capacidad para mejorar la situación de cara al segundo semestre.

Entonces que se podría hacer?
Permitir las importaciones con dólares No Oficiales

El gobierno venezolano sigue dando muestras de aislamiento respecto al clamor de la sociedad y de las recomendaciones que en materia económica han realizado personalidades, académicos e instituciones, incluso las que le son ideológica y políticamente afines como es el caso de Unasur. Aun en este contexto, es necesario continuar proponiendo medidas para que quienes tienen en sus manos la conducción de la política económica, las consideren dentro del limitado set de herramientas disponibles dentro del marco ideológico-electorero que condiciona la acción del gobierno nacional.

El artículo 22 de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos penaliza con cárcel y sanciones económicas a quienes “… promocionen, comercialicen o determinen los precios de bienes y servicios utilizando como referencia un tipo de cambio distinto a los permitidos por la normativa cambiaria o al fijado para la operación cambiaria correspondiente por la administración cambiaria”. Esta disposición limita las posibilidades de los agentes económicos privados de utilizar sus propias divisas para sus importaciones, por cuanto reconocerlas a las tasas oficiales representaría una pérdida patrimonial anunciada, al establecer precios que no garantizan la reposición de esas divisas en el único mercado posible: el mercado desregulado, una condición que el DICOM aún no cumple.

De acuerdo con las cifras del Banco Central de Venezuela en su reporte de la Posición de Inversión Internacional de la República, al cierre del tercer trimestre de 2015 (último publicado) el sector privado residente en Venezuela mantenía una posición en activos por el orden de los 150 millardos de dólares. Una parte de este enorme caudal de activos estarían recibiendo en el exterior una rentabilidad mucho menor que la que recibirían en Venezuela si se aplican a una actividad comercial menos restringida que la que ofrecen las condiciones actuales, donde cualquier funcionario, incluso de bajo nivel jerárquico puede ganar puntos con sus superiores, interviniendo, cerrando y multando comercios y decomisando mercancía. A partir de estos recursos, existe un considerable potencial para incrementar el flujo de importaciones del sector privado en el segundo semestre si se manejan los incentivos correctos.

Los agentes económicos venezolanos se posicionan en divisas, no por el rendimiento financiero que estas ofrecen que es más bien bajo, sino por la protección que brinda ante el exacerbado riesgo cambiario que exhibe la economía nacional. Si se facilitan las condiciones –especialmente la libertad de precios- para que la rentabilidad del comercio supere las expectativas de devaluación es perfectamente posible que buena parte del sector comercial logre abastecer sus establecimientos con sus propios dólares en los próximos meses. Esto puede ser muy conveniente y de bajo impacto distributivo para rubros no estratégicos como la electrónica de consumo, tecnología, vestido, automóviles, juguetes, calzado, bebidas alcohólicas y servicios turísticos.

Si en dos semanas, 150 mil venezolanos estuvieron dispuestos a cruzar hacia Colombia para comprar bienes de aquel lado de la frontera pagando precios mayores que los precios oficiales y esto representa un beneficio para sus presupuestos respecto a su situación actual, es sencillo imaginar que más libertad de comercio puede causar de inmediato un mayor nivel de bienestar y una expansión aunque sea modesta, del nivel de actividad económica, incluso en las terribles circunstancias que vive el país. La despenalización de las importaciones con tipo de cambio no oficial, es una medida que se inserta en una estrategia progresiva de flexibilización, de sinceración de la realidad económica y permite al estado enfocarse en lo que es realmente importante en este momento: alimentos y medicinas.


@jhernandezucv




viernes, 15 de julio de 2016

Informe del sector bancario de Venezuela Mayo 2016





Con base a las cifras de Sudeban en su boletín mensual correspondiente a mayo de 2016, le presentamos un informe descriptivo de la situación del sector bancario venezolano.

El sector está compuesto de 32 instituciones, de las cuales 8 (25%) son de propiedad y administración estatal. Hay 23 instituciones de banca universal, 4 de ellas estatales. La participación del estado se complementa con un Instituto Municipal de Crédito Popular, un banco de desarrollo y dos bancos con leyes especiales.

El sector emplea a 75.101 personas, y dispone de una estructura de servicio de 3.552 agencias, y 10.870 cajeros automáticos. La red de pagos electrónicos comprende 353.225 puntos de venta.

El sector exhibe una notable asimetría en la participación de mercado de las instituciones. En materia de activos, las principales cinco instituciones concentran el 66,89% del total. En cuanto a la cartera de créditos, el 67,02% está concentrado en las principales 5 instituciones, mientras que en captaciones, las mismas instituciones capturan el 67% del mercado.

El Banco de Venezuela, de propiedad estatal concentra el 20,99% de los activos del sector, el 21,33% de la cartera de créditos y el 20,16% de las captaciones.

Cartera de créditos

En promedio, el 20,2% de la cartera de crédito está dirigida al consumo, siendo el principal componente, el financiamiento con tarjetas de crédito, que representa hasta el 26% del total en una institución. Los créditos dirigidos al sector productivo, que comprende la cartera de manufactura, agrícola y al sector turismo cada una con tasas preferenciales y una obligación de cumplimiento específica, representan el 26% del total de la cartera de crédito. Los créditos para la compra de vehículos y para operaciones hipotecarias representan el 1% y el 4% del total respectivamente.

En el lapso enero – mayo, la cartera de crédito bruta creció 32,4% lo que representa una caída de alrededor de 90% en términos reales de acuerdo con estimaciones extraoficiales que sitúan la inflación en 125% como mínimo en el mismo lapso[1] (en Venezuela, el Banco Central no publica las cifras oficiales de inflación desde el año 2015, en contravención a las obligaciones legales y constitucionales de la institución)

La morosidad del sistema se mantiene bajo control a niveles de 0,30% con una ligera tendencia a aumentar, mientras que las provisiones superan en promedio un índice de 2.8 respecto a la cartera total aunque con las condiciones de una profunda recesión económica, paralización de la inversión, la disminución en la venta de vehículos y el astronómico incremento en el precio de las viviendas, luce materialmente imposible esperar un crecimiento real en el volumen del crédito, además de que se conjuga una amenaza importante sobre la calidad de la cartera de crédito.



Gestión Administrativa

En materia de gestión administrativa, la situación económica del país comienza a deteriorar los indicadores, ante unos gastos operativos crecientes y unos ingresos y una rentabilidad estancada o decreciente. Se observan instituciones, especialmente instituciones del sector oficial con magnitudes muy superiores a la media del sector en indicadores como gastos de personal y gastos operativos con respecto a las captaciones promedio y respecto a los ingresos financieros.   

Rentabilidad

En general el sector presenta saludables rentabilidades promedio nominales en bolívares. El margen financiero bruto promedio es de 11.04% aun cuando hay instituciones con márgenes considerablemente menores. Consideradas respecto al patrimonio, el resultado neto promedio es de 51,42% aunque en algunos casos es de un dígito y hasta negativas. La rentabilidad en términos reales y cuando es expresada en dólares sin embargo, ha sufrido considerablemente en los últimos tres años.

Liquidez

En materia de liquidez, el sistema presenta una buena cobertura de sus pasivos de corto plazo

Resumen y recomendaciones
El sector bancario es un sector estratégico, vinculado transversalmente con todos los sectores económicos. En una coyuntura de profunda recesión y desequilibrios económicos en general, los organismos reguladores deben prestar especial atención a la solidez patrimonial y a los indicadores de rentabilidad y liquidez de las instituciones.

A pesar de la consolidación que se ha observado en los pasados 20 años en el sistema, la contracción de la economía y la profundización de la concentración del sector, sumado a la participación directa del estado, ha abierto un nuevo espacio para nuevas consolidaciones, necesarias tanto en el sector privado como en las instituciones estatales.

Aun cuando los indicadores de rentabilidad sectorial son positivos cuando se expresan en bolívares corrientes, la realidad es que el atractivo de inversión en el sector se ha reducido considerablemente y cuando se expresa en dólares, la reducción patrimonial de las instituciones ha sido considerable. Lo mismo ha ocurrido con el sector seguros y el de los operadores del mercado de valores.






[1] Estimaciones propias

domingo, 10 de julio de 2016

Cúcuta, la consentida y la infalibilidad de la Ley de Oferta y demanda



No se puede negar que las acertadas políticas del gobierno del presidente Chávez, continuadas al pie de la letra por su hijo, han contribuido como nadie al desarrollo de la ciudad. Ningún presidente colombiano, o mejor dicho, que haya gobernado Colombia, ha hecho tanto por Cúcuta, la floreciente capital del departamento de Norte de Santander. Por Colombia toda, me atrevería a decir.

En primer lugar, Colombia y Cúcuta como consecuencia fueron favorecidas por el cambio de patrón de intercambio comercial entre Venezuela y Colombia. En efecto, desde el año 1.999, la balanza comercial ha favorecido a Colombia, posibilitando la colocación por parte de empresas ubicadas en Colombia, de una producción diversificada de sectores representativos de su economía, como el sector textil, alimentos procesados, sector ganadero, automóviles entre otros.

Colombia ha sido el refugio de las empresas que han abandonado la producción en Venezuela para convertir sus filiales nacionales en importadores de la relativamente competitiva producción colombiana. En tal sentido, Colombia ha sido receptora de inversión de empresas multinacionales que relocalizaron allá sus plantas, y de empresas Venezolanas que exploraron el mercado del vecino país como una manera de reducir su exposición a los vaivenes de la economía criolla, sin perder la posibilidad de aprovechar el atractivo mercado local, especialmente cuando la borrachera de petrodólares permitía abandonar el país sin abandonar sus beneficios.

Luego, Cúcuta se convirtió en uno de los paraísos del enorme negocio de raspar cupos, y el cobro de considerables comisiones en dólares se convirtió en un importante flujo de recursos sin contrapartida para la economía cucuteña, impulsando la construcción inmobiliaria y el crecimiento de las actividades no transables por el enorme y súbito influjo de dólares en esa economía.

Posteriormente, la imposibilidad de los venezolanos de encontrar boletos aéreos al exterior, convirtió a Cúcuta en un hub aeroportuario que conectaba a los viajeros Venezolanos con el resto del mundo. Recordemos que hablamos de los tiempos en los que todavía el cupo viajero hizo de Venezuela una potencia exportadora de turistas que por algún lado necesitaba salir del país. Y allí estaba Cúcuta para darle a los Venezolanos, a cambio de una módica comisión, lo que estos no hallaban en su propio país.

Cúcuta también se benefició de una política suicida de congelación de precios que  impulsaba el contrabando de mercancía subsidiada desde Venezuela, para abastecer las poblaciones del lado colombiano a lo largo de la frontera. Al igual que con la gasolina y las medicinas, no es despreciable el efecto que esa oferta agregada barata puede haber generado en el bienestar de esa ciudad y en el sostenimiento de precios más accesibles que los que existirían en ausencia de ese flujo comercial ilegal. La única ley que vale en este contexto, es la Ley de Oferta y Demanda.

Y ahora, cuando el flujo de dólares se secó en Venezuela, cuando ya no existen dólares subsidiados buscando salida, cuando los precios de un producto cualquiera es más barato en Londres que en Venezuela, otra oportunidad se presenta para Cúcuta: convertirse una vez más en un centro comercial a donde los ciudadanos venezolanos pueden ir a comprar los bienes que no consiguen de este lado de la frontera. En este contexto, abrir la frontera es una medida humanitaria para Venezuela, donde el contrabando de introducción terminará ayudando a la estabilización de los precios. Más exportaciones Colombianas, incluyendo las ilegales. Más bienestar de aquel lado.

Hay que darle el mérito a quien lo merece y no está en el Palacio de Nariño sino en el de Miraflores.

@jhernandezucv



viernes, 8 de julio de 2016

Sobre la fuga de talentos y la educación universitaria gratuita




Imagen tomada de https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2014/03/hollywood-mexico-y-la-fuga-de-cerebros/


Es posible que ya hayan leído un artículo de aporrea donde se exhorta al estado a restringir e impedir la migración al exterior de venezolanos con formación universitaria. Si no lo ha leído, puede hacerlo aqui pero queda advertido: puede ser nocivo para su úlcera.

Tenía tiempo que no leía argumentos tan desquiciados. Es realmente preocupante que haya tanta gente en nuestro país, atrincherada en una posición de ataque a todo lo que pueda parecer contrario o alternativo a la propaganda pseudo nacionalista manejada por el chavismo y divulgada a través de un aparato de propaganda con un nada despreciable poder comunicacional. 

Y este asqueroso artículo expresa claramente esa realidad. En él se plantea como una deslealtad el hecho que miles de jóvenes que están hoy en nuestras universidades públicas y privadas e incluso en liceos y escuelas primarias, estén pensando en irse del país, esperando encontrar un futuro mejor en otros lugares. 

Quizá es una idea descabellada y sin fundamento, pero mucha de nuestra gente sospecha que hay países en el mundo donde comprar un paquete de pañales desechables no amerita un proceso de investigación y rastreo casi policial o donde todavía la gente puede ponerle azúcar al café. Muchos de nuestros jóvenes se ilusionan con la idea de que su título universitario les permitirá encontrar un empleo cuyo salario les permita comer, vestirse y ¿por qué no? hasta salir de noche con una probabilidad aunque sea pequeña, de no ser asaltado, violado, secuestrado o asesinado.

Pero nada de eso importa a la lumbrera que escribió ese artículo. Para él, quienes aspiran a irse son unos desleales, a quienes hay que hacerles la vida difícil. Sobre los responsables de que un país con tantos recursos se encuentren en semejante estado de miseria, el escribidor no dice nada, pero no es necesario que lo diga: el niño, la iguana, la CIA, el imperio, el capitalismo, la asamblea adecoburguesa son los malos. El gobierno de Chávez y Maduro son –obviamente- los buenos.

Pero como a todo lo malo se le puede sacar algo bueno, como una respuesta al despropósito planteado en el artículo, es conveniente plantear el debate sobre el modelo de universidad que queremos, que necesitamos y que podemos tener. Y no es un debate que se circunscribe sólo a la educación universitaria. Se trata de poner sobre la agenda los conceptos de gratuidad y los subsidios que los venezolanos recibimos y que nos convertirían de acuerdo a la lógica perversa de este escribidor de aporrea, en rehenes de nuestro propio país, limitando nuestra posibilidades de elegir dónde y cómo vivir con el instrumental que hemos adquirido gracias parcialmente, a la renta petrolera.

Porque es cierto que no es justo desde el punto de vista social, que la sociedad invierta considerables montos en la formación de nuestros profesionales para que luego estos se vayan al primer mundo seducidos por la idea de una prosperidad material muy superior a la que se puede disfrutar en un país de la periferia, no importa su nombre. Pero es también una grandísima injusticia que, en nombre de los beneficios que tu país te entregó, debas "pagar tu condena" en él, sin la posibilidad de salir y sujeto a los dislates que la inepta y corrupta camarilla gobernante tienen sobre tu calidad de vida. Por cierto que este no es un problema exclusivo de Venezuela. Lo sufre cada país subdesarrollado, como el caso de los médicos de África y Medio Oriente y hasta España, con la exportación de talento hacia Alemania y Reino Unido-

Porque el drama es que nuestros jóvenes quieran irse, no importa si estudian en el Champagnat o en un Fe y Alegría, en la bolivariana o en la Metropolitana. De hecho, hacer la distinción entre unos y otros es completamente contrario al principio de igualdad que se pregona en ciertos sectores del chavismo que apoyan la idea de esta “prohibición de salida del país” del talento.

¿Y entonces que hacemos?

En Venezuela tenemos un severo problema con nuestras prioridades en materia educativa. Por muchos años se ha dicho que nuestra pirámide presupuestaria está invertida, y que dedicamos un presupuesto mucho mayor a la educación universitaria que a la educación primaria, donde deberían desarrollarse los mayores esfuerzos para que nuestros niños desarrollen las competencias en lenguaje y matemáticas, que son justamente las bases donde reposará su capacidad de aprehender nuevos conocimientos, de construir conocimiento a partir de la realidad, y contribuir a transformarla con ese conocimiento, en un proceso iterativo permanente.

La educación universitaria es una opción, no necesariamente es un derecho y mucho menos lo es su gratuidad. Una política social orientada a la movilidad social y que promueva las oportunidades de superación individual, debe considerar seriamente la impopular medida de eliminar la gratuidad absoluta de la educación universitaria y sustituirla por un sistema de créditos reembolsables, en dinero o en trabajo, que estimule a los estudiantes a valorar en términos concretos –tiempo y dinero- el privilegio que representa recibir educación superior, mientras que incentiva a las universidades a desarrollar una mayor competitividad y una administración mucho más transparente de los recursos, superando la parálisis que actualmente las caracteriza, siempre a la espera de que el estado envíe los recursos para sobrevivir. En tal sentido, retomar el concepto original de la LOCTI es una medida complementaria necesaria para iniciar un verdadero proceso de transformación de nuestras universidades.

El tema es muy extenso y polémico, pero es el tipo asuntos que deben discutirse si de verdad queremos construir un país diferente.

@jhernandezucv



lunes, 20 de junio de 2016

Una solución milagrosa para el desabastecimiento




Debo agradecerle al sistema nacional de medios públicos y su envidiable capacidad de posicionar mensajes de acuerdo a los sagrados objetivos de un proyecto político donde impera la construcción de imaginarios colectivos por encima de las necesidades secundarias de la sociedad, como por ejemplo, comer.

A los sindicalistas que se prestaron –o alquilaron- para la magnífica producción de las cuñas que pasan insistentemente en los medios públicos explicando de una manera muy didáctica, el complejo concepto de la “simplificación de la producción” como explicación fundamental de la escasez de productos en los anaqueles, muchas gracias.

Gracias a ellos, he podido desarrollar una idea cuasi milagrosa, tan poderosa y efectiva como las fajas para adelgazar que promocionan en los infomerciales.

Mi idea nace como una especie de revelación que sin duda contribuirá a una rápida solución del problema de desabastecimiento y escasez que azota a los consumidores venezolanos. De allí a recibir mí premio nobel de economía, habrá sólo un paso, pero para evitar que alguien se me adelante, ahí les va.

Lorenzo Mendoza tiene la solución de la escasez en sus manos y si no lo hace es porque en su infinita maldad, se empeña en destruir la felicidad que con tanto empeño, el gobierno Venezolano se ha esforzado por proporcionarle a nuestro noble pueblo

Si el problema de la escasez se explica, al menos parcialmente por la “simplificación de la producción entonces la solución es –evidentemente-“complejizar la producción”, es decir volver al principio fundamental de la producción moderna, que junto a Uber, Facebook y el Big Data constituyen el paradigma de la modernidad: la barrita de mantequilla.

Le propongo a Lorenzo Mendoza lo siguiente: que la harina PAN que muchos odian, la pasta y arroz Primor sean comercializados en lo sucesivo en prácticas presentaciones de 50 gramos, y la presentación familiar, en empaques de 500 gramos. Con estas raciones, perfectamente consistentes los cálculos de demanda de alimentos que al parecer sustentan a los CLAPs como iniciativa, multiplicaríamos hasta por 20 “las oportunidades de compra” de los consumidores de acuerdo con la propaganda oficial. Podríamos diseñar un cómodo bolsito viajero para que los CLAPs distribuyan unas coquetas bolsas de comida. El diseño podría hacerlo Titina Penzini, la publicidad la haría la agencia de la diputada Tania Diaz.

En el caso del atún “Margarita”, propongo que el aceitico de la lata, se venda en prácticos sachets separado del atún, con la finalidad de que las amas de casa puedan impregnar las comidas de ese saborcito y con eso satisfagan a sus siempre demandantes hijos que pretenden comer tres veces al día, como si hubiese alguna evidencia científica que soporte esas aspiraciones que el modelo de consumo imperante ha inoculado en sus antojadizos estómagos.

El mazeite podría distribuirse en bolsitas como de los heladitos chupi-chupi y con eso todos los Venezolanos podríamos adquirirlo, eliminando como por arte de magia esa fastidiosa quejadera de la gente que insiste en elevar sus niveles de colesterol.


En cuanto al pollo, y la carne aún estoy en proceso de diseñar la solución. En una próxima entrega presentaré mis hallazgos al respecto pero me inclino por una presentación como la que se usa tradicionalmente en el té y otros bebedizos, el cual se ofrecería como una práctica solución para la preparación de sopas. La miniaturización nos ofrece una gran oportunidad para potenciar el efecto de los CLAP’s en la distribución de alimentos. Tengamos fe

@jhernandezucv

lunes, 23 de mayo de 2016

Empleo y educación en tiempos de innovación





Ahora que termina un nuevo año escolar y que miles de jóvenes bachilleres enfrentan la clásica disyuntiva sobre su futuro académico y/o profesional, es conveniente dar un breve repaso de las tendencias que en esta difícil coyuntura económica –y época de cambio estructural- se presentan en el panorama laboral de nuestro país y en el mercado internacional.

Disyuntiva 1: Trabajar o estudiar

Los muchachos de mi época, cuando salíamos de bachillerato enfrentábamos por lo general el falso dilema entre trabajar y estudiar, dependiendo de la situación económica de los padres. Quienes optamos inicialmente por la decisión de estudiar en el sistema privado podíamos, con un trabajo de salario mínimo costear –con mucho sacrificio- un semestre en una institución privada. Hoy esa posibilidad no existe. En aquella época, cuando ya Venezuela estaba en una situación económica decadente (segundo gobierno de Rafael Caldera) ciertamente no existían las masivas posibilidades de estudiar en una universidad pública –especialmente para los egresados de liceos públicos- pero también es cierto que un título universitario representaba una esperanza significativa para la movilidad social y la superación de la pobreza. Hoy vemos que nuestros jóvenes son testigos a través de sus padres o vecinos profesionales –y especialmente en sus maestros- que la educación formal no representa en absoluto posibilidad alguna de mejora material y es, por el contrario, casi una condena absoluta a la pobreza perpetua.

Quienes optaban por trabajar en ese entonces, tenían la esperanza de “pegar” en PDVSA, CANTV, Electricidad de Caracas, Edelca, Metro de Caracas ó más recientemente, el SENIAT sólo por mencionar un grupo variado de organizaciones públicas y privadas que constituían las “blue chips” del empleo de la época y de las cuales hoy no quedan sino ruinas, no sólo por su situación financiera sino por la cultura corporativa que se adueñó de ellas, donde la militancia política (o al menos aparentar cierta preferencia política) es más útil que prepararse, formarse y obtener resultados. La lealtad sobre el mérito, como tanto se han preciado de reconocer en público como parte de una doctrina abiertamente destructiva de los resultados, el crecimiento y la rentabilidad –económica y social- de las instituciones mencionadas.

Disyuntiva 2: ¿Que estudiar?

Además de la depauperación de la clase media profesional en las carreras tradicionales – educadores, médicos, abogados, administradores- las carreras de servicio público como bomberos y policías comparten una situación similar. La carrera militar, en otros tiempos considerada como una especie de reserva de estabilidad y prosperidad, sufre hoy, además de un gran desprestigio por razones políticas, una situación tan precaria como la de cualquier otra carrera. Los militares sonadamente prósperos que han caracterizado las últimas dos décadas nada tienen que ver con la carrera seleccionada sino con el saqueo de las arcas públicas, pero ese es otro tema.

El INCE, institución donde buena parte de las clases populares confiaron la formación para el trabajo de sus hijos, es hoy una institución desmantelada, divorciada de las necesidades del sector productivo, que aún hoy forma masivamente centenares de muchachos destinados al sector banca-servicios y muy poco-nada orientado al débil sector industrial del país.

Ocupaciones novedosas, en sintonía con las tendencias de la sociedad del conocimiento: nada. En un país donde deberían formarse miles de investigadores, científicos, diseñadores de piezas, programadores o como mínimo obreros calificados como electricistas industriales, torneros, nuestras universidades, especialmente las de nuevo cuño se vanaglorian por graduar miles y miles de profesionales con muy poca calificación para insertarse en el sector formal, ejerciendo su profesión, sin depender del empleo público.

Decisión 3: ¿Irse ó quedarse?

En los últimos años y en la medida que la situación del país empeora, muchos padres apelan a cualquier familiar en el exterior que pueda –independientemente de cuan lejano sea el parentesco- recibir temporalmente a las nuevas generaciones de migrantes que huyen de la depauperación de las condiciones de vida y –más importante aún- de la falta de futuro, y de las escandalosamente altas probabilidades de ser asesinado, lesionado o recurrentemente asaltado en las calles de nuestro país.

De modo que la decisión de emigrar está en la mente de muchos jóvenes y sus padres. Lamentablemente, muchas de las ideas que acompañan la decisión de emigrar tienen bases frágiles y están basadas en historias no necesariamente ciertas sobre el éxito y la prosperidad que aguarda a todo aquel que pise suelo extranjero. Aunque quienes ya se fueron se salvaron de padecer la brutal destrucción del salario que se vive en Venezuela, la realidad es que en los próximos años se producirá un importante volumen de retornos de personas frustradas por no cristalizar sus aspiraciones en el extranjero.

Tendencias y oportunidades en tiempos de Innovación

La época en que el estado podía paliar la situación de desempleo del país, incrementando la nómina pública o a través de “misiones” parece haber llegado a su fin. Las legiones de porteros, escoltas, vigilantes, secretarias y ascensoristas que abundan en las nóminas públicas –y en menor medida en sus puestos de trabajo- son la expresión de un modelo de gestión pública fracasado pero también son símbolos de un nivel de desarrollo tecnológico muy diferente al que caracteriza la economía global de hoy, entre cuyas expresiones más novedosas se cuentan el Big Data, la inteligencia artificial, los vehículos autónomos y la economía digital por sólo mencionar algunos.

Cualquiera que haya visitado los EEUU o países europeos habrá notado la tendencia hacia la automatización y el autoservicio en el comercio, donde ni siquiera hay cajeros para el cobro de las compras, “bomberos” en las estaciones de servicio, montacarguistas en los almacenes y donde incluso con Uber, se podrá pedir un taxi pero sin taxista, de modo que, quien pretendan emigrar al primer mundo para dedicarse a estas actividades de baja calificación / baja productividad enfrentan un panorama laboral que se deteriora rápidamente.

Por otra parte, la economía digital ofrece oportunidades que, si bien no son masivas, representan los síntomas de un cambio estructural en las posibilidades de empleo para personas con competencias específicas no necesariamente certificadas por una universidad tradicional. Plataformas como www.freelancer.com y www.workana.com  representan un nuevo paradigma en el trabajo profesional independiente, un mercado totalmente globalizado donde se ofertan y demandan capacidades específicas para proyectos puntuales, limitados en el tiempo, fuera de los marcos jurídicos tradicionales de protección al salario y la estabilidad laboral. Con este tipo de plataformas, una empresa de cualquier parte del mundo puede deslocalizar y tercerizar cualquier tipo de operación – la elaboración de un contrato, una campaña publicitaria o un servicio permanente de consultoría- sin atarse a las relaciones laborales tradicionales, favoreciendo la competitividad y la reducción de costos en su operación. Aún está por verse si este tipo de plataformas serán un vehículo para la precarización del empleo, de lo que si no hay duda es que los conocimientos menos especializados se han comoditizado, entrando en una espiral descendente de desvalorización, por cuanto hay personas calificadas en tales ocupaciones provenientes de países muy depauperados como India, Pakistán y más recientemente, Venezuela, que hacen por muy pocos dólares un trabajo de calidad, presionando el mercado de empleo en los países de altos salarios. Vale destacar que los pagos transados en estas plataformas rara vez terminan en la banca tradicional ya que los usuarios prefieren manejar su dinero a través de plataformas novedosas como Paypal o Payoneer –completamente manejadas por internet- lo cual es a su vez otro símbolo de la innovación que en todos los ámbitos revoluciona a la economía global. Como se ve, es una oportunidad para que Venezuela facilite, en la difícil coyuntura petrolera y ante la necesidad inminente de impulsar actividades generadoras de divisas, que los emprendedores que logren vincularse a las cadenas de valor global –independientemente de su naturaleza- puedan vender sus divisas en el país a una tasa razonable y acumular sus dólares en el sistema financiero nacional.

 Aunque creo que no he logrado ayudar a ningún joven indeciso que se haya tomado el tiempo para leerme, resta señalar que las certificaciones internacionales tipo SAP, CISCO, y las vinculadas a la producción de soluciones digitales tipo app’s y videojuegos son hoy, y en los años por venir, una posibilidad a considerar seriamente con miras a desarrollarse como profesional independiente en carreras mejor remuneradas y con potencial de localización global. Todo un reto para las políticas públicas


@jhernandezucv

lunes, 2 de mayo de 2016

El salario mínimo en dólares. Otra vez






Nuevamente el presidente Maduro ha decretado un incremento nominal en el salario mínimo para llevarlo a Bs. 15.051,17 mensual, además de un ajuste en el bono de alimentación para llevarlo a Bs. 18.585, con lo cual el ingreso mínimo legal del trabajador venezolano se sitúa en Bs. 33.636,17. En lo que va de año el IML se ha incrementado en 105% y, aunque el gobierno nacional procure posicionar esta política salarial en la narrativa de la justicia social y las bondades del proyecto político en el poder, la realidad es que evidencia la gravedad de la situación económica y social de la población venezolana.

Para los no venezolanos les aclaro: el bono de alimentación es un pago complementario al salario, de carácter no prestacional; es decir, no imputa para prestaciones sociales, utilidades, vacaciones, así como para las contribuciones a la seguridad social. Con el último ajuste, este complemento equivale a 123% del salario, y un 55% del ingreso bruto mensual de los trabajadores que devengan salario mínimo, aun cuando este beneficio es extensible a otras escalas salariales y ahora, a los pensionados y jubilados.

Aun cuando no se sabe cuál es el registro oficial de inflación para los primeros cuatro meses del año, las estimaciones más conservadoras sitúan en no menos de 70% de inflación acumulada en este primer cuatrimestre. Si se evalúa el crecimiento en el precio de los alimentos, este indicador podría superar un 200% en ciertos rubros en el mismo lapso, por no mencionar otros rubros menos básicos pero que tienen fuerte impacto en la cadena productiva como es el caso de los repuestos industriales y automotrices, el material de empaque entre otros. Desafiando el conocimiento económico acumulado durante décadas que postula una relación positiva entre crecimiento económico e inflación, la pre hiperinflación (según el concepto  de Cagan) venezolana ocurre en un año en el que la contracción de la economía alcanzará casi con certeza, los dos dígitos. Una tragedia.

A falta de cifras oficiales, que dejaron de publicarse en 2014, tomemos como válido el valor referencial publicado periódicamente por el CENDAS para la canasta alimentaria en Venezuela, que se ubicó al mes de marzo de 2016 en Bs. 142.853,20. Es decir, se necesitarían más de cuatro adultos devengando ingreso mínimo legal para poder alimentar –sólo alimentar- a una familia tipo de cinco miembros.

¿Y cuánto es eso en dólares?

Vuelve también el debate de las equivalencias del ingreso mínimo legal del venezolano expresado en dólares, como una referencia del poder de compra que dicho ingreso puede proveer para la adquisición de una canasta mínima de bienes.

Para llevar el salario mínimo de Venezuela a dólares, entramos en el debate del tipo de cambio que habría que utilizar para ese cálculo. Dado que en el país existen dos tipos de cambio oficiales y uno no oficial que tiene un gran poder en la fijación de precios en la economía; habría que realizar una ponderación del tipo de cambio aplicada en la canasta de consumo típica.

Pero eso no lo voy a hacer esta vez. Dado que desde el aparato propagandístico gubernamental y sus simpatizantes espontáneos se bombardean estos argumentos, esta vez voy a probar aproximarme a la cobertura del salario mínimo, apegándome al discurso oficial en el cual el estado venezolano garantiza a los trabajadores la mayor suma de felicidad posible.

De acuerdo con el discurso oficial, el salario mínimo en Venezuela es, desde hace varios años, uno de los más altos de América Latina cuando se expresaba en dólares, debido que el gobierno calculaba el ingreso nominal, constantemente creciente por los ajustes decretados por el ejecutivo nacional, y lo dividía entre un tipo de cambio oficial sobrevaluado, único e indiscutible, en oposición al cambio guarimbero, inexistente, innombrable, el Voldemore que causaba distorsiones especulativas pero poco significativas en términos de su impacto en la formación de los precios. Prueba irrefutable de ello era la existencia de ferias, mercales, pdvales y bicentenarios donde se podía comprar a precio justo los bienes necesarios, materializando así un enorme poder de compra del salario.

Sobre el colapso del sistema de distribución estatal hay múltiples evidencias. La minimización de las redes PDVAL y Mercal, el cierre de algunos supermercados bicentenario, las captahuellas, el terminal de la cédula, la escasez, el bachaqueo y las interminables colas son expresiones de que finalmente se ha impuesto la anarquía sobre las pretensiones estatales de controlar la circulación de mercancías y la formación de precios.

Aun así, el gobierno decidió mantener en Bs. 10 el tipo de cambio “protegido” un valor absurdo desde cualquier racionalidad económica, que representa más del 90% de los dólares liquidados en la actualidad y que se ha justificado como un mecanismo que permite abaratar las importaciones -y por tanto trasladar al pueblo el beneficio vía precios- de bienes esenciales como alimentos y medicinas.
Aferrémonos a esa ficción, esa fantasía idílica promovida por el gobierno nacional de que ese es el tipo de cambio que rige la economía, al menos en lo que a alimentos se refiere. En ese caso, el nuevo ingreso mínimo legal en el país sería de 3.363,6 dólares americanos. Toda una maravilla que haría palidecer de envidia a cualquier ciudadano latinoamericano, que estarían haciendo maromas para venirse a vivir a esta tierra de gracia donde haciendo lo que sea, vivirían mejor que en su país de origen. Justo lo que hacen los venezolanos en este momento.

Asumamos que ese es el tipo de cambio correcto y no el TC “no protegido” ó SIMADI / DICOM que situaría el IML alrededor de los 90USD mensuales, el cual ya sería bastante bajo comparado con otros países de Latinoamérica.

Si la tasa que rige el ingreso es la protegida de Bs. 10/USD, entonces es la misma que nos permite calcular el precio en USD de algunos alimentos. Algunos casos emblemáticos podrían ser:
1Kg Carne de primera: Bs. 3.000 = 300 USD
1Kg de Pollo entero: Bs. 1.600 =160 USD
1 Docena de huevos: Bs. 900 =90 USD
1 Pan canilla: Bs. 250 = 25USD
1 Kg Café (el único que se consigue)= Bs. 2800 =280USD.
1Kg de queso duro: Bs. 3200= 320USD

No hay manera de disfrazar la situación: en Venezuela es imposible que una familia de 5 integrantes (dos adultos trabajando) pueda sobrevivir con el ingreso mínimo legal. La familia venezolana está pasando hambre, los adultos dejan de comer para alimentar a los niños. La ingesta de alimentos es poco balanceada y reposa fundamentalmente en harinas y pastas, al tiempo que las proteínas animales se reducen o transmutan en embutidos de dudosa calidad y las frutas desaparecen de la dieta del venezolano. Hoy se incuban los problemas de salud de mañana en un país donde adicionalmente, no se consiguen medicinas.

Los aumentos de salario sin sostenibilidad fiscal conducen a mayor monetización del déficit y nos lleva por la vía expresa a la hiperinflación. La caída de las ventas producto de la brutal contracción económica, y la imposibilidad de muchas empresas de trasladar los nuevos costos a los precios, podría conducir a un incremento significativo del desempleo. Por donde se vea, esta manera de manejar la política salarial es altamente inefectiva y no compra nada, ni siquiera tiempo.

Urge una política anti inflacionaria sensata, que evite que se continúe pulverizando el poder de compra del salario y destruyéndose los incentivos al estudio y al trabajo como medio de superación futura. La sostenibilidad fiscal de los aumentos salariales puede lograrse si se desmontan los perversos mecanismos de subsidio que no llegan a las personas que más lo necesitan sino que se constituyen en incentivos para los negociados de aquellos que tienen posibilidad de conectarse con quienes reparten la piñata de los dólares, los alimentos, la gasolina entre otros. En cuanto al sector privado, urge permitirles ajustar precios en función de sus estructuras de costos y no en función de las limitadas capacidades de fiscalización de la burocracia estatal que se aferra a la fantasía del dólar barato y los precios justos que, junto a la sayona y el silbón pasaron a formar parte de los mitos y leyendas venezolanas.


@jhernandezucv